Así están lavando su dinero negro grandes fortunas y consejeros del Ibex-35

Gran parte de quienes están solicitando estos servicios tienen un rasgo común: cuentan con grandes patrimonios y se sientan en los Consejos de las compañías del Ibex-35. "Desde luego, no son trabajadores ni autónomos, sino los dueños de las grandes empresas que son los culpables del 71% de la evasión fiscal", argumenta José María Molinero, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

El denominado Programa especial de regularización de activos ocultos, eufemismo de amnistía fiscal utilizado por el gobierno, fue creado en marzo y tenía como objetivo recaudar 2.500 millones de euros y aflorar capital oculto, unos 25.000 millones de euros, según Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y  Administraciones Públicas.

La amnistía fijó un gravamen específico del 8% para los dividendos de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Hasta el mes de julio se han recaudado 50,4 millones de euros, lo que supone un 2% de la cifra que se pretende recaudar en todo el año, según datos de la Agencia Tributaria. "Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos para su tramitación no se pusieron a disposición del público hasta el pasado 4 de julio, por lo que esas cifras modestas ni si quiera corresponden a un mes completo y podrían aumentar considerablemente teniendo en cuenta que los grandes patrimonios tienen hasta el 30 de noviembre para solicitar esa regularización", explica Molinero.


Controles para evitar el dinero "sucio"

Aparte de las grandes fortunas, a este coladero se podrían unir ingentes cantidades provenientes de actos delictivos, como el narcotráfico, la prostitución e, incluso, el terrorismo, debido a que la norma de la amnistía no especifica la salvedad para estos casos. "No obstante, el Gobierno señaló en su día que este dinero estaría regulado por las normas de blanqueo de capitales para evitar que se sumase a esta legalización. Sin embargo, no se han puesto los controles pertinentes. Las declaraciones de regularización son confidenciales y los formularios se rellenan por un modelo electrónico al que no tienen acceso los empleados de la Agencia Tributaria", advierte Molinero.

Existe otro riesgo del que están muy pendientes los ricos del país. La norma fue rechazada desde el ámbito político por "ineficaz e inmoral" y criticada por los expertos que dudaban de su efectividad. En efecto, el PSOE  presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) que el recurso haya sido aceptado a trámite podría poner en peligro esta legalización. "No obstante, si así ocurriera finalmente a los implicados no se les juzgaría por delito fiscal, porque podrían presentar los certificados sino por declarar menos de lo necesario", señala este experto.

La polémica está servida, si se tiene en cuenta que Montoro ha informado de que la recaudación procedente de la lucha contra el fraude ha crecido el 15,3% hasta julio. El ministro ha adelantado el resultado de las acciones de control de Hacienda que ha recaudado en este periodo 6.415 millones de euros gracias a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, que aumentan un 33% con 4.933 millones, pero también por las declaraciones extemporáneas y expedientes por delitos fiscales. Esta cifra supone que el Estado ha alcanzado entre enero y julio el 80% de su objetivo para todo el año. Estas cifras podrían dar razón a los que consideran más eficaz y justo invertir en combatir el fraude y no premiar a los defraudadores.