El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que permanecía interno en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abandonado dicha cárcel este viernes por la noche tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado que ejerce la
defensa de
Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo. Además, el letrado ha querido remarcar que el pago de esta fianza,
que se ha abonado en metálico, ha sido posible gracias a la "ola de
solidaridad" que han protagonizado tanto "amigos de Fernández como
ciudadanos anónimos", que, "de forma voluntaria" y desde que se conoció
la cifra a la que ascendía esta fianza, que "excedía sus posibilidades
económicas", han ido aportando "pequeñas cantidades" hasta que se ha
logrado reunir la suma total.
Como se recordará, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó el
pasado día 12 de julio dejar a Fernández en libertad bajo fianza de
450.000 euros que debía abonar en metálico, al entender que no existe
riesgo de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación estando en
libertad. De esta manera, la Audiencia Provincial revocó a través de un auto
la decisión adoptada el pasado 24 de abril por la juez de Instrucción
número 6 de Sevilla,
Mercedes Alaya --encargada de la investigación del
caso-- de mandarlo a la cárcel de Morón de la Frontera.
De igual modo, el letrado ha explicado que, una vez en libertad,
el exconsejero tiene la obligación de "comparecer una vez a la semana en
el juzgado más próximo adonde se encuentre", merced a lo dictaminado en
el referido auto de la Audiencia de Sevilla, que también le prohíbe
abandonar el país, y acuerda retener su DNI y, en su caso, su pasaporte.
Cabe recordar que, tras conocerse el auto del pasado 12 de julio
de la Audiencia sevillana, el abogado de Fernández reclamó a la
magistrada Alaya, o la puesta en libertad sin fianza de su defendido, o
una "rebaja sustancial" de la fijada por la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial, o bien que "permitiese que la que se fijaba
pudiera ser consignada en cualquier forma legalmente establecida", una
petición que fue rechazada por la juez al entender ésta que por el
momento no había transcurrido el tiempo suficiente para concluir que no
había podido reunir el dinero para que se procediese a su excarcelación.
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