Las preferentes, a la justicia

Habrán de ser jueces españoles los que dictaminen si el Gobierno puede entregar los ahorros de cientos de miles de compatriotas a los prestamistas extranjeros. Sobre los estafados por las Participaciones Preferentes y otros oscuros, complejos e híbridos productos financieros que se comercializaron indebidamente entre los particulares, pesan no sólo las consecuencias del quebranto económico y moral de no poder disponer de su dinero en éstos tiempos atroces (los "preferentistas" son jubilados, funcionarios, trabajadores en paro, mineros, médicos, agricultores, oficinistas, PYMES, pensionistas...), sino que ahora pende también la amenaza del Gobierno, gestor de la nacionalizada Bankia, de arrebatarles la posibilidad de recuperarlo íntegro algún día, pues los dichos prestamistas extranjeros, que, por cierto, nunca prestaron nada a los estafados de las Preferentes y éstos nada les deben, quieren cobrarse las deudas con el patrimonio de los particulares que entregaron sus ahorros a unas Cajas para su custodia.    Jueces españoles habrán de discernir, en el alud de demandas civiles y penales que como último recurso preparan las víctimas de la monumental e institucional estafa, si el Gobierno de España puede complacer a sus prestamistas mediante la modalidad de despojar a los españoles de sus bienes legítimos. Lo discernirán, qué duda cabe, desde la Justicia y el Derecho, no desde el patriotismo o desde la empatía natural con sus paisanos, pero ello habrá de ser aún más beneficioso para las víctimas, pues la verdad y la razón están nítidamente de su parte. Frente a esos jueces se hallarán ciudadanos con ningún aspecto, ni antecedente, de especulador financiero, de inversor profesional o de co-propietarios de un banco, que es en lo que el Gobierno y sus prestamistas pretenden ahora convertirle, sino con la pinta de lo que verdaderamente son: clientes de Cajas de Ahorro de toda la vida, ciudadanos que con muchas fatigas juntaron un poco de dinero y, en consecuencia, muy conservadores en la inversión de sus ahorros.
   A la Justicia española le bastará con ser lo primero, Justicia, para socorrer y amparar a cuantos, muchas decenas o cientos de miles, el Gobierno pretende rematar tras las brutales lesiones inferidas en su dignidad, en sus derechos y en sus bienes por una Banca ful y descontrolada.