Los titulares de los inmuebles afectados por la Ley de Costas de 1988
podrán renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezarán a
contar cuando venza el permiso que tienen en vigor, pero para hacerlo,
habrán de pagar un canon que se determinará reglamentariamente y que
variará en función de si se trata de una vivienda familiar o de un
establecimiento comercial.
Así lo ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, en una reunión con periodistas para detallar el
contenido del anteproyecto de Ley de Costas que este viernes ha
recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, al que previsiblemente
volverá en forma de proyecto de ley en el mes de septiembre, tras
superar una fase de consulta con distintos ministerios y el Consejo
Asesor de Medio Ambiente.
Según ha concretado, estas personas, que en 1988 perdieron la
propiedad de sus viviendas y establecimientos a cambio de concesiones de
ocupación, podrán renovar durante otros 75 años este permiso a cambio
de un "canon concesional que será adecuado al establecimiento de cada
uno".
"Los comerciales tendrán un canon acorde a su actividad, y cuando
se trate de viviendas, será prácticamente simbólico", ha asegurado, tras
explicar que en la actualidad sólo pagan canon quienes obtuvieron su
concesión después de la Ley de Costas de 1988 y con sus aportaciones, el
Estado recauda anualmente 20 millones de euros. Esto le lleva a pensar
que se recogerá una cuantía muy importante cuando todos los titulares
tengan que aportar.
Por tanto, con la nueva norma y pagando una cantidad quienes
tienen una concesión de 30 años que caduca en 2018 podrán extenderla
hasta, al menos, el año 2093, y quienes tenían opción de llegar hasta 60
años de concesión, podrían alargarla hasta el siglo XXII. Sin embargo,
la iniciativa legislativa nada dice de lo que ocurrirá llegado ese
momento.
Ramos de Armas considera que quienes gobiernen entonces optarán
por la misma resolución que el Ejecutivo actual: evitar el gasto
económico y el perjuicio social que suponen los derribos y renovar las
concesiones, porque, al fin y al cabo, no suponen una nueva agresión a
la costa dado que ya están en ella. Además, durante todo este tiempo
podrán cambiar de manos, ya que con la nueva ley, estas ocupaciones
serán transmisibles.
Las autorizaciones se renuevan por concursoEn cuanto a las instalaciones desmontables que se encuentran en
estas zonas y que hasta ahora tenían un periodo de autorización que
debían renovar anualmente, el anteproyecto concede las licencias por un
periodo de cuatro años. Para renovarlas, los titulares de estas
explotaciones (como chiringuitos desmantelables o instalaciones náuticas
no permanentes) deberán someterse a régimen de concurrencia
competitiva, de modo que no será automática la prórroga de su licencia,
sino que deberán conseguir una nueva.
Sobre los chiringuitos en particular, ha asegurado que "van a
poder seguir estando en las costas españolas y los turistas van a poder
seguir disfrutando de ellos", eso sí, "en un marco más estable", con un
plazo mayor de explotación y "más estabilidad". Aunque el anteproyecto
deja al reglamento cuestiones como las medidas de estos
establecimientos, Ramos de Armas ha avanzado que se respetará el límite
actual de 150 metros cuadrados.
El secretario de Estado también ha concretado que en las
ocupaciones en zona de servidumbre (las situadas a 100 metros si es
suelo no urbano y a 20 metros si lo es) se podrán hacer obras de mejora
si no aumenta la altura, el volumen ni la superficie y siempre que el
titular firme una declaración responsable que comprometa la introducción
de medidas de eficacia energética y en consumo de agua. Cumpliendo este
requisito, no tendrán que esperar al informe de idoneidad para las
obras que se exige actualmente.
ExclusionesEl anteproyecto de reforma de la Ley de Costas excluye del dominio
público-marítimo terrestre a los núcleos de Rocafel (Alicante), Puerto
de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava (Gerona), Platja d'Aro (Gerona),
Ría Punto Umbría (Huelva), Caño del Cepo (Huelva), Casco Urbano de Isla
Cristina (Huelva), Pedragalejo (Málaga), El Palo (Málaga) y Oliva
(Valencia).
El texto recoge en un anexo estos municipios señalados en virtud
de la disposición adicional sexta de la norma, que establece que estos
terrenos se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes
patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas. Además, "debido a la especial
configuración geológica de la isla, establece un deslinde especial de la
isla de Formentera, que deberá ejecutarse en el plazo de dos años desde
la entrada en vigor de la norma.
En total, se trata de unas 10.000 viviendas, con otras tantas
familias que ahora "salen de dominio público y se podrán convertir en
propietarios", conforme ha declarado el secretario de Estado. Estas
zonas serán definidas y cartografiadas para que no puedan crecer y
aquellos núcleos que no estén en la lista, se someterán a la norma
general de las concesiones.
Sobre este asunto del dominio público, el secretario de Estado ha
llamado la atención sobre otra novedad de la norma, que obligará a
inscribir los deslindes en el registro de la propiedad para evitar que
una persona compre una casa en la playa y al tiempo descubra que no
tiene una propiedad sino una concesión que, además, no puede vender y
pierda así sus ahorros. Según ha dicho, esta práctica ha suscitado
muchas quejas en el Parlamento Europeo y los afectados podrían llegar a
ser más de 20.000.
En cuanto a la ya conocida como cláusula "anti Algarrobico", que
permitirá al Estado parar por vía administrativa (sin necesidad de
esperar a una resolución judicial y, por tanto, antes de que se ponga la
primera piedra) cualquier licencia concedida por un ayuntamiento que no
se ajuste a la nueva ley de Costas, Ramos de Armas ha incidido en que
se trata de un mecanismo eficaz de protección del litoral, donde "no se
podrá construir nada que no estuviera permitido en la Ley de 1988".
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