Es uno de los aspectos que han
trascendido este martes tras la celebración del Consejo Territorial de
Dependencia y que ha reunido en Madrid a la ministra Ana Mato y los
responsables autonómicos del ramo para analizar la reforma que, según las
previsiones del Gobierno, debiera aprobarse este viernes en Consejo de
Ministros.
Otras medidas previstas en la reforma pasarían por la eliminación de los
niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los
dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo
de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no
tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter
retroactivo más allá de un plazo de dos años.
Los dependientes con discapacidad entran en el copago
La reforma de la Ley de Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad implicará que las personas dependientes con
discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora
estaban exentos.
Así lo comentaba el consejero valenciano, Jorge Cabré, antes de que terminase
la reunión del Consejo Territorial de Dependencia. En este sentido, ha
explicado que se fijarán los criterios para cada caso, pero "todos los
ciudadanos dependientes" tendrán que aportar al sistema "dentro de
sus posibilidades".
Además, para calcular la capacidad económica del usuario se tendrá en
cuenta su patrimonio, "no sólo su renta", conforme ha aclarado el
consejero, de modo que este precepto recogido en el borrador del Real Decreto
no ha sufrido modificaciones.
"Ha sido la gran mentira del PSOE"
Por su parte, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La
Mancha, José Ignacio Echániz, cree que se han puesto las bases para la próxima
reforma de la Ley de Dependencia, una norma necesaria, ha dicho, "que
dejará de ser una fantasía insostenible para convertirse en una prestación
adecuada y con fondos".
Echániz ha recordado que la dependencia "ha sido la gran mentira
del PSOE" durante el mandato de Rodríguez Zapatero, ya que "con los
gobiernos socialistas ha sido una buena intención, pero sin presupuesto. Es
decir: un brindis al sol que ha sacudido las esperanzas de los españoles más
necesitados", ha subrayado.
El consejero ha recordado que en el ejercicio pasado, el Gobierno de
José María Barreda presupuestó 26 millones de euros para pagar las prestaciones
correspondientes a las personas dependientes, cuando el presupuesto ejecutado a
finales de 2011 fue de 147 millones.
"El PSOE quiso
pagar a los dependientes 121 millones menos de los que moralmente les debía. Un
descalabro de esas dimensiones es la mejor señal de que los gobiernos
socialistas juegan con el futuro de nuestros ciudadanos y, encima, tienen la
osadía de postularse aún defensores de los derechos sociales", ha
denunciado.
Echániz cree que "se
ordenará el caos"
Echániz ha señalado que la reforma de la Ley de Dependencia era una
exigencia obligatoria para un Gobierno central responsable. Más allá de los
ajustes oportunos que salvaguardarán la viabilidad de una prestación esencial,
el consejero ha destacado el interés del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, "por ordenar el caos, evaluando, pensando, y tomando
decisiones, tratando de avanzar de la mano de todas las comunidades
autónomas".
Además, ha
subrayado el interés en cuidar a los más necesitados, "aunque eso suponga
pedir un esfuerzo más a otras personas, atendiendo siempre a la situación
económica de cada familia, impulsando el sentido común y las decisiones más
justas posibles, en este contexto de racionalización imperiosa del gasto público".
Echániz ha
felicitado el esfuerzo de la Administración central por "mejorar la
trazabilidad y la homogeneidad de los datos, además del interés por velar más
de cerca por el cumplimiento de las leyes". A su juicio, de esta manera
"conseguiremos que todas las personas que necesiten esta prestación la
tengan, sin que eso suponga la quiebra total de nuestros servicios sociales
básicos".
En esta línea, ha solicitado que se pongan en marcha todas las medidas
legales previstas para evitar el fraude en el acceso a esta prestación.
"Con la dependencia ha jugado cuatro años el Gobierno de Zapatero. A
partir de ahora será un derecho en el que los ojos de la Administración se
centrarán de manera especial. No podemos consentir nunca más que la picaresca y
la politización de la gestión social supongan el incumplimiento de una ley. Es
el momento de los hechos en forma de ayudas que lleguen a todos, y no de
palabras socialistas que pronto se las lleva el viento", ha destacado.