A la hora del recuento de votos (6 votos a favor, 5 en contra de su legalización), las cuentas están claras: los magistrados que validaron la legalización de Sortu fueron, además de la ponente de la sentencia,
Elisa Pérez Vera, los magistrados
Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa y también el presidente y el vicepresidente del Tribunal,
Pascual Sala y
Eugeni Gay, todos propuestos por el PSOE.
De ahí la reacción crítica del PP y el Gobierno. El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz dijo expresamente: "Acato la decisión, pero discrepo con el fallo". Fernández añadió que, con Sortu o sin Sortu, "la izquierda abertzale tiene que condenar el terrorismo, pedir perdón y exigir la disolución incondicional de la banda". El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, también indicó que el Ejecutivo acoge con el "máximo respeto y acatamiento" la decisión, pero que discrepa del "contenido del fallo", además de reiterar la "inquebrantable voluntad de luchar permanentemente contra el terrorismo". El secretario general del PP vasco,
Iñaki Oyarzábal, dijo que "políticamente lo que hace fata es que ETA se disuelva, que entregue las armas y que reconozca el daño causado".
En la prensa se hacen distintas interpretaciones. El diario 'El País' titula: "El Constitucional marca límites a Sortu", mientras que
en otro apartado habla de que "el Gobierno discrepa" y el PSOE cree que
"ratifica una realidad". Según 'El Mundo', "el TC legaliza Sortu por un
voto en plazo récord", y también: "El Gobierno discrepa de la sentencia
del TC". 'ABC', en portada, destaca que "el TC se rinde a los proetarras",
mientras que en páginas interiores se refiere a que "el Constitucional
cede ante ETA".
Según 'El Periódico', "el TC legaliza Sortu pero le exige respeto a las
víctimas". 'La Vanguardia' subraya que "el Constitucional corrige al
Supremo y legaliza a Sortu por un solo voto". 'La Razón0, con grandes
caracteres, habla de "aire para ETA", recordando que los magistrados del
Constitucional que han llevado a cabo esta sentencia serán renovados
antes del 11 de julio, así como que "el Gobierno discrepa con el fallo
'claramente'".
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