"Para
comer tortilla, como que no estamos", comentó la vicepresidenta primera
del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, a la hora de presentar el "Plan
de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y
Fundacional Estatal" aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. En
total, el Gobierno ha decidido la extinción de 24 sociedades (17 %), la
desinversión en 8 sociedades (el 6 %) y la agilización de la liquidación en 13
sociedades, como la "Barcelona Holding Olímpico". Las operaciones
afectan a un total de 80 sociedades públicas o con participación del Estado y a
la extinción o fusión de 9 fundaciones estatales.
Sáenz
de Santamaría salía con la 'tortilla' porque una de las sociedades donde ha
venido participando el Estado desde 1992 hasta ahora tiene el siguiente
curiosísimo nombre: "Carmen la Comida de España 1992, SA". Pero hay
otras igual de significativas, y en las que algunas no tienen trabajadores,
sólo directivos, y otras, con cuatro trabajadores, soportan un Consejo de
Administración de más de 20 personas, además del personal directivo. En total,
y sólo en dietas, con estos cierres nos vamos a ahorrar 154 consejeros en
Consejos de Administración que suponen un 1,8 millones de euros sólo en dietas.
Y no se cuenta la remuneración a los directivos, que en algunos casos alcanzan
cifras astronómicas.
¿Poner
fin al 'chollazo?Pero,
¿qué significa esto? Hay quien hace una lectura errónea, señalando que implica
el Gobierno de
Mariano Rajoy quiere acabar con lo público. La realidad es otra: con la
supresión de estas sociedades se inicia el principio del fin de un 'chollazo'
del que han disfrutado todos los anteriores gobiernos para retribuir a sus
directivos e, incluso, para la concesión de obras y contrataciones 'a dedo',
sin pasar por los canales previstos.
Así se
señala textualmente en el plan aprobado este viernes por el Ejecutivo: "El
crecimiento del sector público empresarial y fundacional en los últimos
años" no aparece justificado como instrumento de ejecución de determinadas
políticas públicas de inversión, sino por "huida del Derecho
Administrativo (controles presupuestarios, del gasto, régimen patrimonial y de
contratación, y especialmente del régimen retributivo-funcionarial", por
la "creación de entidades con finalidad inversora para evitar el cómputo
como déficit público de dichas inversiones" y por la "proliferación
de filiales sin una clara justificación jurídico-mercantil".
Saltarse las leyes de la AdministraciónPara
entender lo que dice el Gobierno en la justificación de su plan, pongamos un
ejemplo: supongamos que el Ministerio de Fomento quiere hacer unas obras, pero
quiere sortear los trámites de adjudicación. Se crea o se utiliza una sociedad
pública ya existente, a la que se le pide que gestione esa contratación. Resultado,
la contratación no pasa por las garantías establecidas por ley y la concesión
se da a quien se quiera dar.
Otro
ejemplo: supongamos que hay pagar sobresueldos a determinados altos cargos que
por ley no pueden cobrar más de lo establecido. No hay problema: se le coloca
en un Consejo de Administración... y a cobrar el sobresueldo en concepto de
dietas. Aún más: supongamos que hay que colocar a alguien, pero resulta difícil
hacerlo en la Administración. En casos como éste, qué útil es contar con un
sector público empresarial sobredimensionado.
Los
ejemplo -no son reales, sino simples ejemplos- serían infinitos, y el Gobierno,
ante la situación de crisis galopante ha decidido empezar a cortar con los
'chollazos', al menos en el sector público. Otro ejemplo: ¿es normal que siga
existiendo la "Sociedad General para la ejecución de Programas y actuaciones
conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de América" 20
años después de aquella onomástica? Pues... existe, y el Gobierno ha pedido en su
plan que se agilice de una vez el proceso de liquidación.
Otra
empresa sometida a extinción es la SEVALAE (Sociedad Estatal para la Venta de
Acciones de Loterías y Apuestas del Estado), que sigue 'funcionando' pese a que
no se procedió a la privatización parcial prevista por el anterior Gobierno de
Rodríguez Zapatero. O las sociedades estatales de agua, casi una para cada
cuenca, o la más curiosa todavía, la Sociedad Altos Hornos Ensidesa Capital
(AEC), que debería haberse extinguido hace muchísimos años.
Es una prueba
del 'despilfarro' y del 'chollazo' con el que algunos han contado en los
últimos 20 ó 30 años, y con este plan el Gobierno, según Sáenz de Santamaría,
quiere dar ejemplo a las comunidades autónomas y ayuntamientos, donde la
situación es aún peor: existen como 2.372 empresas públicas en esos entes,
además de unas 600 fundaciones y más de mil consorcios.
No todas las sociedades se han creado con fines similares a los descritos, es cierto, y muchas de las existentes tienen un fin y una justificación auténticamente racional, pero "tenemos de todo...",
dice Sáenz de Santamaría con una cierta ironía, "lo que hemos hecho es
racionalizar".
VEA TAMBIÉN:
-
Esquema del plan presentado por el Gobierno: éstas son las empresas que desaparecen
Si (
No(
