Disensiones de Cataluña y Andalucía en el déficit autonómico

La decisiva reunión del Consejo de Política fiscal y Financiera desarrollado en la tarde de este martes se resume con facilidad: Rajoy impone su poder a las Comunidades Autónomas, Cataluña se resiste y discrepa, y Andalucía se niega, y resulta ser "el malo de la película". "Todos estamos de acuerdo, menos uno", apuntó ácidamente Montoro, señalando "la perversión andaluza" por razones de campaña electoral. Son las deducciones inmediatas de la referida reunión de los consejeros de las diecisiete Comunidades Autónomas en torno a Montoro y Beteta. Los titulares de los periódicos relatan en grandes caracteres lo sucedido, que en buena medida era lo previsible: Rajoy impone recortes máximos a las autonomías, pese a Mas y Griñán, cuenta El País y que 13 de las 17 autonomías apoyan la reducción del déficit al 1,5 por 100. Cataluña y Andalucía mantienen sus reparos al reparto del ajuste.  Según El Mundo, el Gobierno se niega a flexibilizar el objetivo de déficit pero facilitará a las CCAA instrumentos legales para que cumplan. Las CCAA del PP asumen el ajuste, Andalucía vota en contra y Cataluña y Canarias  se abstienen. Cataluña se distancia del déficit que imponer Rajoy, dice La Vanguardia.  Las autonomías cargarán con el grueso del recorte, se queja El Periódico de Cataluña, que señala que el PP vota en bloque en el CPFF. También emplea el mismo término: Rajoy "impone" el 1,5 por 100 de déficit, con el voto en contra andaluz y la abstención catalana.  Mas acusa a Rajoy de dar un paso atrás en lugar de ser un ejemplo de austeridad.  Señala La Razón que Andalucía es la única autonomía que rechaza reducir el déficit al 1,5 por 100. "Viva el despilfarro", dice el gran titular de este diario, el más afín al Gobierno y a la severa intervención de Montoro contra la autonomía andaluza. Y en otro titular no menos "agresivo": Andalucía se queda sola y rechaza apretarse el cinturón. Griñán: 35.000 mó9viles y millones para los sindicatos. ¿Se puede ser peor? También ABC: Sólo Andalucía rechaza el nuevo recorte autonómico, dice tras señalar el "cierre de filas" del PP frente al déficit. El Gobierno logra el apoyo mayoritario para aligerar el 15.000 millones el déficit regional. O e  La Gaceta: Sólo Andalucía se niega a cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por 100...
 
Sobre esta "asignatura autonómica pendiente" es sabido que hay ciudadanos que lo tienen claro: muchos problemas españoles, económicos y de otra especie, se resolverían si se anularan, por real decreto, las autonomías. El Estado autonómico les parece el gran error de nuestro tiempo, y  todo lo que se haga por corregirlo será positivo. Muchos otros ciudadanos, a la vista de la serie larga de escándalos nacidos y desarrollados en los Gobiernos regionales, abundan en parecidas teorías: Las Comunidades se han desmadrado, son un caos necesitado de alguien que lo organice y lo haga funcionar con criterios de racionalidad. La ultima demostración han venido a ser los datos del déficit de 2011, que las CCAA han "descuadrado" , situando al Gobierno de España en una situación delicada de muy escasa credibilidad. Zapatero-Salgado se habían comprometido en el objetivo del seis por ciento, el nuevo Gobierno de Rajoy-Montoro-Guindos sostuvo en un primer momento que sería el 8 por 100, y finalmente, amplió la cifra al 8,5... En Bruselas aún no terminan de fiarse. Y en España, se ha buscado culpable a tales desafueros y contradicciones, y se han hallado en unos cuantos gobiernos autonómicos que "se pasaron varios pueblos" en el gasto o en sus deudas. De manera que se hace imprescindible volver al orden, y hacer borrón y cuentas nuevas a partir de los datos de 2012. ¿Resultará fácil? No pocos pensamos que si se eliminan las ocurrencias costosas -como los donativos a Urdangarín, las obras inútiles, las televisiones "de partido"-, los dineros de las CCAA deben llegar para lo que es esencial en sus obligaciones. Atender los gastos sanitarios, educativos, de la dependencia, y poco más. En adelante, ya han escuchado los consejeros autonómicos que no habrá la flexibilidad de ejercicios anteriores, ni excepciones para quienes incluso tenían el atrevimiento de advertir que se iban a pasar unas décimas, y duplicaban o triplicaban el tope permitido de gasto. Además de Rajoy y de Montoro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a las comunidades autónomas de que ya no hay ninguna flexibilidad en los objetivos de déficit público de este año. Beteta recordó que ya se comprometieron al tope de gasto del 1,3% en 2011, y lo saltaron casi todas. Y para 2012, las comunidades deberán tener un déficit del 1,5%. Y punto. Sin excusa ni pretexto.
 
¿Qué hay que cuadrar, para que salgan bien esas cifras? Pues, como en cualquier empresa, que se ajusten los ingresos y los gastos. Empecemos por su número de funcionarios: Mientras el Estado ha reducido el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%. Mal punto de partida es ése. O la imaginativa creación de más y más empresas públicas autonómicas, hasta más de quinientas, en la mayor parte de los casos, para hacer ocultación de gastos "no presentables" ni justificables... En ese mismo capítulo se hace imprescindible proceder al recorte, ojalá eliminación,  de unas cuantas televisiones autonómicas, en particular las más caras: Tv3 catalana, el Nou valenciano, la TV andaluza, la  TeleAguirre madrileña, y así sucesivamente, sin olvidarse de las teóricamente menores, pero también costosas y "ad honorem" del líder de turno. El mismo secretario de Estado Beteta ha subrayado que el Gobierno aprobará un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros destinado a comunidades y ayuntamientos, con el fin de que puedan pagar a proveedores. Recordó, también, que el Gobierno ha ampliado a diez años el plazo de devolución de los ingresos de más que recibieron las comunidades. Sin pasar por alto que las comunidades se beneficiarán de la subida del IRPF. Y a quien compara lo que tiene que recortar el Estado autonómico o el Estado central, Beteta explica que el Estado "ya ha dado muchos pasos, ahora les toca a las comunidades dar los siguientes".  También Beteta ha recordado que las autonomías y los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajuste antes del 31 de marzo y que en 30 días Hacienda analizará los 8.300 planes (de los Gobiernos autonómicos y municipales), para ver si se atienen a los parámetros establecidos y con el objetivo de que se empiece a pagar deudas atrasadas en mayo. Se señala hoy en El Economista que Ayuntamientos y Autonomías crearon 590.000 empleos públicos en diez años, y dice Cinco Días que Beteta urge a las regiones a reducir unas plantillas sobredimensionadas. Nadie duda de que también las administraciones públicas se enfrentan a uno de sus mayores retos por causa de la caída generalizada de los ingresos y el sostenimiento del estado de bienestar. Que hayan dejado de construirse viviendas ha sido un hachazo a muchos ingresos locales. Pero eso no quita para admitir que las administraciones públicas están sobredimensionadas por un razón del amplio período de bonanza con una concepción de la administración basada en ofertas de puestos que no se justificaban con la necesidad de los servicios.
 
Es evidente que, en la nueva fase, las Comunidades autonómicas no se van a volver a desmandar ni a ir por libre. Rajoy, Montoro y Beteta lo impedirán.