Sin tiempo para equivocarse

   Ni cien días. A este Gobierno que se ha encontrado un país bajo mínimos, la oposición, los sindicatos, unos pocos estudiantes y algunos voceros de unos y de otros no le dejan ni cien días para que empiece a hacer su trabajo. Ese plazo se cumplirá cuando los sindicatos, si no recuperan una cierta responsabilidad, celebren una huelga general que, como ellos saben, ni es fácil que triunfe ni, sobre todo, va a ayudar a España a salir de la crisis. La calle hace mucho tiempo que dejó de ser de Fraga, pero algunos quieren que sea exclusivamente suya.

   El principal partido de la oposición, que curiosamente gobernó los últimos ocho años aunque pretendan que lo olvidemos, es responsable de que tengamos 5,2 millones de parados, un déficit del 8,5 por ciento del PIB, un paro juvenil de casi el 50 por ciento, un fracaso escolar superior al 35 por ciento y las arcas vacías. O de un sistema financiero con enormes privilegios, que usa el dinero público a bajo interés para sanear sus arcas en lugar de prestárselo a los ciudadanos, de una economía sumergida salvaje, de un fraude fiscal muy elevado y de que haya crecido como nunca durante su mandato la diferencia entre pobres y ricos.

   Los sindicatos que van a convocar la huelga, que están detrás de muchas movilizaciones y que rechazan la reforma laboral, son los mismos que durante esos ocho años apoyaron las no reformas socialistas que nos han llevado a donde estamos. Los mismos que han sido incapaces -con la patronal, culpable como ellos- de ponerse de acuerdo para proponer cambios, ahora van a convocar una huelga general contra la primera reforma del Gobierno Rajoy. Los mismos  que son incapaces de vivir sin las subvenciones públicas, sin los miles de liberados que costeamos con nuestros impuestos -pero sin posibilidad de decir si nos parece poco o demasiado, bien o mal, como por ejemplo hacemos con la Iglesia Católica y las ONG's-, están movilizando la calle y hasta se permiten montar una protesta el 11-M, coincidiendo con el aniversario de la matanza de Atocha, con el pretexto, vergonzoso, de que es un homenaje a las víctimas. 

   Los que defienden el legítimo derecho de manifestarse pacíficamente relativizan la violencia de grupos antisistema, incontrolados o no, que provocan daños económicos e importantes perjuicios a los ciudadanos. En Valencia hubo una actuación policial desmedida. En Barcelona, no. ¿Qué puede pasar mañana en Madrid o en otra ciudad? ¿Tendrá que haber muertos para que alguien ponga responsabilidad a estas protestas? ¿A quién representan los violentos? Partidos, sindicatos y ciudadanos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad para buscar juntos una salida pactada a la crisis. No hay tiempo para equivocarse. La situación es crítica. El Gobierno tiene la legitimidad de las urnas y la obligación de buscar acuerdos para hacer menos traumática la situación. El Estado de Derecho tiene sus reglas y todos deben cumplirlas. Pero además de la ley está la responsabilidad.