Sequía y derroche

    España ha vivido en los tres últimos meses (diciembre, enero y febrero, que hoy termina) el período de mayor sequía desde los años 40 del siglo pasado. Y aunque se espera una borrasca de agua y nieve para el próximo fin de semana, serían necesarias, según los expertos, al menos cuatro o cinco temporales semejantes para paliar la actual situación. Dos ejemplos llamativos:  la ciudad de Barcelona registró 40 días seguidos sin lluvia (entre primeros de diciembre y el 15 de enero pasado), y en Madrid no se registraron precipitaciones entre el 17 de diciembre y el 1 de febrero.

    El problema no es nuevo, y se ha abordado de muy diversas formas, pero nunca se logró una solución ni siquiera un acuerdo para que buena parte del caudal de los ríos se precipitase al mar sin haber resultado útil para la demanda de agua para usos agrícolas o urbanos. En el franquismo se construyeron pantanos, que resultaron ser importantes para las escasas reservas hidrológicas, pero no pasaron de ser un remedio parcial. Y, en nuestros días, cada vez que se menciona el Plan Hidrológico o se plantean los trasvases, la reacción de quienes se consideran "señores feudales" de los ríos es muy sonora.

     Y, mientras esto sucede en la empobrecida España, el Gobierno mira hacia otro lado, como si por el mal aprovechamiento del agua escasa no se perdiesen miles de millones de euros. En lugar de coger el toro por los cuernos, con unos planes racionales y eficaces, nos refugiamos en el Almanaque Zaragozano, en el refranero de "en abril, aguas mil" (lo que suele ser mentira), o en las procesiones de rogativas para que el dios de la lluvia llore sobre España.

    Y el país no está para bromas ni para chapuzas. Ayer mismo, y hablando de otro asunto, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba un plan para combatir el alto gasto de las administraciones públicas en alquiler de inmuebles (unos 100 millones de euros anuales), mientras se cuenta, solamente en Madrid, con un patrimonio inmobiliario sin utilizar por valor de 500 millones. Añadamos, en fin,  que la Administración General del Estado mantiene en funcionamiento en todo el territorio nacional unos 55.000 edificios públicos, lo cual, a todas luces, es una desmesura.

    A la fuerza hay que tomar medidas en la lucha contra la sequía y en la austeridad en edificios, y es evidente que no se están haciendo las cosas bien, por mucho que nunca llueva a gusto de todos.