El Gobierno necesita un plan B

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha venido usando alternativamente dos discursos que, puestos en perspectiva, tienden a ser contradictorios. Por un lado reprodujo la idea de que era altamente probable que la reforma laboral que proponía "podía costarle una huelga general". Pero, por otro lado, más recientemente, ha afirmado que, dado que la reforma laboral es la que España necesita, no cree que su aprobación pueda aumentar la tensión social.

Como he comentado, esta contradicción se tiende a resolver, según las últimas palabras del Presidente de Gobierno, en el sentido de que la agitación callejera, incluso la huelga general, no tendría un impacto suficiente para impedir que las instituciones democráticas, Gobierno y Parlamento, aprueben la reforma. Es decir, que la protesta callejera no tendrá graves efectos pertinentes en la conducción política del país.

En realidad, esta orientación de Rajoy supone aguantar el órdago de las protestas callejeras y esperar a que se desgasten. Y, ciertamente, esa podría ser una opción. Pero también cabe la posibilidad de que la tensión social continúe aumentando hasta entrar en un curso de ingobernabilidad del país.

Ahora bien, ¿Cómo saber cuál de las dos perspectivas se impondrá en el horizonte? Para dar una respuesta a esta pregunta crucial, se hace necesario que el Gobierno adquiera destrezas y sensibilidades de percepción sociopolítica, que no parece que tiene de momento. Entrar en una situación de autismo político resultaría de alto riesgo para Rajoy y su gobierno.

Es entendible que el Presidente del Gobierno haya elegido como su plan de ruta enfrentar las propuestas callejeras y seguir adelante con su programa, incluyendo la reforma laboral. Pero ¿y si la tensión social aumenta hasta desbordarse? Es decir, y si la tensión social crece y comienzan a aparecer fenómenos de anomía, episodios violentos, etc., o dicho con un ejemplo gráfico, ¿qué pasa si entramos en un escenario a la griega?

Sin necesidad de exagerar, no creo que esa eventualidad pueda descartarse. ¿Y entonces? No me parece serio afirmar que la reforma laboral puede costar una huelga general y creer que eso se detiene ahí y no pasa nada más. Y parece mucho menos serio todavía ver que eso comienza a tomar cuerpo y no tener un plan B para encararlo.

En suma, el Gobierno necesita de un plan B. Puede que ya lo esté diseñando o incluso que ya lo tenga y, por razones obvias, no quiera mostrarlo en absoluto. Eso sería comprensible. Pero más de uno tenemos la duda de si eso será efectivamente así. Porque si el Gobierno carece de plan alternativo, entonces estaría jugando de farol -exactamente igual que el resto de los actores opositores- esta partida crucial que supone enfrentar con determinación la forma de salir de la crisis. En otras palabras, tendría el mismo grado de irresponsabilidad que tanto critica en otros.