Arenas, al borde del abismo
sábado 11 de febrero de 2012, 22:30h
Uno entiende que, obligado por Alemania y Francia, o mejor
dicho, por Merkel y Sarkozy, Mariano Rajoy no podía retrasar más la
reforma laboral que Europa le exigía a España. Uno lo entiende, aunque no lo
comparta. Y quien menos puede compartirlo es el PP andaluz y su presidente Javier
Arenas. Por primera vez en toda la historia la autonomía, el PP tenía
posibilidades, y muchas, de hacerse con la Presidencia de la Junta de
Andalucía. En su tercer intento, Javier Arenas podía lograr el
sillón presidencial que ahora ocupa por herencia de Chaves, Pepe Griñán.
Todas las encuestas realizadas desde hace más de año y medio han venido dando
al PP andaluz la mayoría absoluta en el Parlamento. Incluso la última, del
Capdea, un organismo cercano al actual Gobierno andaluz, realizada a principios
de año, concedía a los populares una mayoría holgada y suficiente en las
elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo para que pudieran formar Gobierno
sin ningún apoyo externo. Pero ha llegado Mariano con las rebajas y la cosa
comienza a complicarse, sobre todo porque quienes han dado la cara ante las
cámaras y los micrófonos han sido los dos ministros andaluces, Fátima Báñez y
Cristóbal Montoro. Si antes de aprobar la controvertida, aunque quizás
necesaria, reforma laboral, el PP perdía en el conjunto de España más de dos
puntos respecto al resultado obtenido el 20-N, ahora el recorte de los
socialistas puede ser mayor. Y eso, se quiera o no, es poner a Javier Arenas
al borde del abismo después de haber tenido el caramelo de San Telmo
rozándole los labios.
Hay que recordar que en Andalucía el PP necesita imperiosamente sacar 55 de los
109 diputados que conforman la Cámara en el antiguo Hospital de las Cinco
Llagas. Esa cifra la alcanzaría si obtiene el 25-M un porcentaje de votos por
encima del 47 por ciento con una participación en torno al sesenta por ciento
de los votantes. Ahora mismo ronda esa cifra e, incluso, la supera en algunos
sondeos más favorables, pero las medidas adoptadas por el Gobierno central,
unidas a las movilizaciones de protesta que los dos sindicatos, CC.OO. y UGT,
tienen programadas para finales de este mes, pueden hacerle mucho daño a los
populares. Al PSOE le bastaría con que la intención del voto popular bajara dos
puntos, que supondrían 54 diputados y con ello perder la supuesta mayoría
absoluta, para considerarse ganador. A Griñán la bastaría con sacar 47
diputados para que, con el apoyo de los 8 o 9 que obtenga la coalición IULV-CA,
de Diego Valderas, volviera a encaramarse al sillón presidencial, y esta
vez no somos heredero de Chaves sino con el respaldo de las urnas, aunque sea
un respaldo ciertamente relativo. El pacto de gobierno entre ambas fuerzas de
izquierdas, por más excusas que ponga Valderas y por más denuncias que haga
Izquierda Unida sobre la corrupción de los EREs fraudulentos, está más que
firmado de antemano.
En todo este puzzle electoral, hay dos piezas que pueden ser decisivas. Una es
la posibilidad de que un cuarto partido, y todo indica que podría ser UPyD más
que el PA, obtenga algún parlamentario. De sacar alguno, casi con toda
probabilidad sería el cabeza de lista por Sevilla y candidato a la Presidencia
de la Junta, Martín de la Herrán quien podría tener en sus manos la
llave que diera al PP el Gobierno. La otra pieza que preocupaba al PSOE era el
díscolo alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo quien se
había enfrentado a Valderas por su negativa a aceptar el decreto sobre
incompatibilidades entre alcaldes y diputados autonómicos, aprobado por el PSOE
a principios del presente año. Los socialistas temía que Gordillo pudiera, en
un momento dado romper la disciplina de su partido y, como ocurrió en
Extremadura, apoyar al PP. No parece que esto vaya a ocurrir después de que
Valderas haya aceptado todas las condiciones impuestas por el alcalde de
Marinaleda y lo haya colocado como cabeza de lista de la coalición por Sevilla.
Por último queda otra pieza por colocar en el rompecabezas
electoral andaluz y que, como la reforma laboral, puede influir y mucho
en el resultado final. Y ésta nada tiene que ver con los partidos que
concurren a las elecciones. Es, como no podía ser de otra forma, la
jueza que investiga la trama de los EREs fraudulentos, Mercedes Alaya,
quien, impasible al desaliento, continúa con su instrucción sin
importarle ni mucho ni poco que haya elecciones. Un auto inculpatorio de
algún consejero u otro alto cargo del PSOE a escasos días de la cita
con las urnas, podría desequilibrar la balanza. Así que, aviso a
navegantes, si yo fuese Pepe Griñán, pe pediría encarecidamente a Gaspar Zarrías que
dejara de tocarle los bemoles a la jueza acusándola publicamente de
estar instruyendo la causa en connivencia con el PP, no vayamos a joder
la marrana.