El delito de despilfarro público

La propuesta en el Congreso de los Diputados de la defensora del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, de que se tipifique como delito el despilfarro público ha tenido cierta repercusión en los medios y un silencio descriptible entre los gobernantes y los legisladores. Tampoco hay que asombrarse. La defensora del Pueblo, que se debe a los ciudadanos y no a los políticos, le ha dicho al ministro de Justicia que estudie "con toda seriedad y rigor" una ley penal que ponga coto a los abusos en el ejercicio del poder. No se trata de ir contra los que ya no están porque los ciudadanos les han puesto en la calle, ni contra algunos de los que todavía están, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Lo que busca es dignificar la clase política y dar a los ciudadanos confianza en que si quienes les gobiernan despilfarran lo que no es suyo, tendrán que enfrentarse con la ley.
 
Ya sé que no siempre es así y que el escándalo de los ciudadanos indignados -que no siempre coinciden con los del 15M, pero que merecen tanto respeto, al menos, como ellos- no tiene respuesta la mayoría de las veces, pero no es de recibo que tras el cambio en algunos gobiernos autonómicos o municipales, las facturas pendientes sean centenares de miles, las deudas se multipliquen por ocho o por diez y nadie responda de nada. La mayoría de los políticos son honestos y buscan el bien público. Pueden equivocarse y tomar decisiones erróneas. Les hemos entregado el poder para que decidan por nosotros y lo tienen que hacer. Pero cuando se lee que una obra pública, presupuestada en cien millones de euros acaba costando el doble, y no pasa nada, habría que aplicar la ley nonata que reclama la defensora del Pueblo. Y cuando se lee que en Aragón había 77 coches oficiales para el servicio de diez consejeros, la Justicia tendría que actuar si tuviéramos esa ley que reclama Cava de Llano. O cuando se sabe que en la Diputación de Barcelona - y posiblemente en centenares de organismos públicos- había en el último mandato cinco asesores para cada uno de los cinco grupos políticos que la integraban, que empezaron contratados como personal laboral y han acabado por "conseguir" una plaza de funcionario tras la pertinente oposición... es normal que muchos se escandalicen.


Los 10.000 liberados sindicales sólo en las comunidades autónomas -sumen empresas públicas y privadas y Administración central-, o los escandalosos déficit de las autonomías, las subvenciones públicas descontroladas y otras muchas cosas que deberán pagar las generaciones futuras, hipotecadas por los abusos de unos pocos, dan la razón a la defensora del Pueblo. No es sólo lo que se gasta, ni el despilfarro innecesario, sino el lucro personal o político que algunos buscan y consiguen con el dinero que tanto cuesta ganar a los trabajadores. La mayor parte de los políticos guardó silencio y hubo quien acusó a Cava de Llano de "imprudente y carente de rigor". Ni siquiera en campaña electoral son capaces algunos políticos de morderse la lengua. Seguro que los ciudadanos entendieron el mensaje.