La Secretaría de Estado de Inmigración estima que el 19 por ciento de los inmigrantes viven en menos de 10 metros cuadrados. La Consejería de Inmigración de Madrid rebaja esta cifra a tres de cada diez. Así lo aseguró este lunes el director general de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández, en la Asamblea de Madrid.
"Solo tres de cada cien inmigrantes en la región presenta riesgo de hacinamiento". Así lo aseguró el director general de Inmigración y Cooperación, Gabriel Fernández Rojas, este lunes ante la Comisión de Inmigración y Cooperación de la Asamblea de Madrid, y añadió que "diversos estudios de distintas fuentes" en poder de la Consejería así lo indicaban.
Caridad García, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea, le preguntó "qué se hace" desde el Gobierno regional para evitar que determinadas personas "se aprovechen" de la población inmigrante para lucrarse, "con el consiguiente hacinamiento y los problemas que se generan en las comunidades donde viven". A juicio de IU, y según los datos proporcionados por la propia Consejería, "el Gobierno regional no ha hecho nada en este sentido".
La cifra ofrecida por Fernández contrasta con los datos de la Secretaría de Estado de Inmigración publicados este lunes por el diario ABC, según los cuales el 19 por ciento de los inmigrantes viven hacinados en menos de diez metros cuadrados.
Los CASI, en entredicho
Fernández anunció que el Gobierno regional se está planteando qué hacer con los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI). Según Fernández, su departamento considera que "ya han cumplido su función" y tiene la intención de "redefinirlos" para "adecuarlos a las nuevas características" de la población inmigrante, la mayor parte de la cual, indicó, se encuentra "activa".
Para IU, "la situación no es tan estupenda" como, a su juicio, la presentó el director general, y criticó que el Gobierno "no diga qué va a poner en su lugar". A juicio de la coalición, estos centros "no han sido efectivos", y la solución pasa por "dar más dinero a los ayuntamientos, porque son los primeros sitios a los que acuden los inmigrantes".
Por su parte, María Antonia García, diputada del PSOE, opinó que, "si los ayuntamientos y los sistemas públicos de servicios sociales se dotaran de los medios adecuados, no harían falta mecanismos como los CASI, que no aportan nada".
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