En la apertura de las jornadas 'La Reforma del sistema español de Defensa de la Competencia' Antonio Ávila ha destacado que "la Política de Defensa de la Competencia, junto a las políticas de regulación y de incentivos es uno de los principales instrumentos de intervención que tienen los gobiernos para que el funcionamiento de los mercados no vaya en contra de los intereses generales" y que sus efectos positivos "se concretan en que fuerzan a las empresas a mejorar y a ser más competitivas y productivas, además de su contribución a la lucha contra la inflación".
Para el secretario general de Economía la competencia entre las empresas que operan en los mercados es un proceso que disciplina su actuación y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes, dado que las empresas reducen sus costes y aumentan su eficiencia técnica, lo que se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad.
En unos mercados libres y desregulados es necesario, afirma Ávila "una política activa que impida o, al menos, trate de impedir las prácticas restrictivas de las empresas que tengan capacidad para ello y que, en todo caso, prohíba decisiones tomadas que vayan en contra de la transparencia y la competencia en los mercados".
La futura Ley de Promoción y Defensa de la Competencia en Andalucía regulará por primera vez en la comunidad autónoma los procedimientos y los órganos encargados de garantizar que el funcionamiento de los mercados no vaya en contra de los intereses generales y, en su caso, subsanar sus deficiencias en relación con el equilibrio del sistema de precios.
Como principal novedad, el texto establece la creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ejercerá como una autoridad única e independiente a la cual podrán acudir los ciudadanos y las empresas interesadas.
Este organismo autónomo estará integrado en las redes nacional y europea de defensa de la competencia, por lo que actuará en coordinación con las autoridades estatales y comunitarias, a través de la Red Europea y Española de la Competencia.
Sus funciones se centrarán en perseguir -de oficio o a instancia de parte- prácticas anticompetitivas como las derivadas de abusos de posición dominante, establecimiento de barreras de entrada y acuerdos entre empresas para fijar precios y cuotas de producción o de mercado.
Para la elaboración del proyecto de ley, la Consejería de Economía y Hacienda ha recabado la opinión de más de 80 entidades, asociaciones y entidades, entre ellas las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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