Parece que causan extrañeza las explicaciones que hoy han dado en el Parlamento de Cataluña Antoni Castells, conseller de Hacienda y Joaquim Nadal, titular de Política Territorial. ¿Qué iban a decir ambos sobre la concatenación de averías ferroviarias, cortes de fluido eléctrico e intermitentes y caóticos incidentes aeroportuarios? Algo tan simple como que las inversiones en infraestructuras, hoy por hoy, y sin haber desplegado toda la normativa bilateral del nuevo Estatut(o), son responsabilidad del Gobierno central. Y ciertamente es así, una verdad con honores perogrullescos.
Por si fuera poco, desde el último gobierno de Felipe González hasta fecha de hoy, la inversión pública en infraestructuras básicas de transporte y suministros energéticos en Catalunya ha sido como para echarse a llorar. Primero González, luego José María Aznar –el que en 1997 decía hablar el catalán en la intimidad, recordemos-- y, ahora, José Luis Rodríguez Zapatero dejaron de cumplir con sus obligaciones con quienes generan, en realidad, casi el 23% del PIB español y no el 18,8% del que se habla estos días. González y Aznar, con sus dos mandatos, consumieron doce estériles años. Rodríguez Zapatero ha desperdiciado los tres últimos.
Se aduce, desde Madrid, que hay ya en marcha cuantiosas inversiones, aprobadas a partir de 2004. Eso es una verdad a medias. Hay aprobadas las inversiones, ciertamente. Pero de la aprobación hasta su realización media un inmenso trecho. O sea, que se está gestionando mal. Tarde y mal, para ser exactos. Eso es lo peor que podía suceder, dando la razón a Murphy: “Todo aquello que va mal, es susceptible de empeorar”.
Porque en el colapso de infraestructuras, transportes y suministros que, al modo de plaga bíblica, se ha cebado sobre el área metropolitana de Barcelona la Generalitat es tan poco responsable como lo podría ser el F.C. Barcelona o la Federació de Colles Sardanistes. La única responsabilidad imputable al Gobierno autónomo catalán, no obstante, viene de lejos, de cuando Jordi Pujol era presidente. Y se circunscribe, simplemente, al ámbito de las líneas eléctricas. Las compañías han campado por sus respetos y no han mantenido adecuadamente sus líneas y ni la Generalitat –competente en el territorio—ni el ministerio de Industria han actuado con la competencia y la energía que el caso requería y sigue exigiendo.
Castells y Nadal, --¿qué iban a decir, sino?—pasan la culpa a anteriores administraciones. Y no mienten al decirlo aunque eluden las responsabilidades políticas que, éstas sí, son imputables al propio Gobierno catalán. Le faltó diligencia –la cosa venía desde diciembre pasado— para dar la cara ante la ciudadanía. Y le faltó valor para cuadrarse ante el Gobierno central y obligarle a dar soluciones a la crisis. Porque resulta extremadamente sintomático que, con las prisas de hacer llegar el AVE hasta Barcelona, y siempre en los mismos tramos, se produzcan averías en la red de Cercanías. Alguien apunta a sabotajes. Y no es así. Las empresas que están en la construcción del tren de alta velocidad, aguijoneadas por el Ministerio de Fomento, no se paran en barras, aunque éstas sean las de ocasionar averías al tendido convencional que debe seguir funcionando. Los ingenieros de ADIF podrían explicarlo mejor, si les dejan, claro. Y lo mismo podría hacer Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, enviado este fin de semana a Barcelona, como procónsul del Ministerio de Fomento. Un remedio que llega –es la tónica de Magdalena Álvarez- tarde y mal.
Si (
No(
