González-Sinde recordó que las últimas enmiendas incorporadas al texto incluye la intervención de dos jueces "para mayor seguridad jurídica" en el proceso contra una web: "uno al principio del procedimiento, y otro al final".
También existe una Comisión de expertos a la que se debe dirigir quien quiera denunciar una página, que pide explicaciones al titular de la misma, y que "sirve para darle al juez el expediente hecho". No obstante, añadió que, ante opiniones distintas del magistrado y de la Comisión "gana el juez", ha aclarado.
Por otra parte, Sinde ha negado la versión de
Wikileaks, según la cuál el Gobierno y los lobbys estadounidenses han presionado a España para aprobar esta ley. Ha recordado que Estados Unidos vuelve a incluir a España en la "lista negra" de países con más piraterías, por lo que "contentos, contentos, no parece que estén".
Para la ministra, las presiones de otros países y de las grandes industrias no serían más importantes que las de las pequeñas empresas culturales. También Rechazó que las filtraciones de Wikileaks sobre que esas presiones hayan obligado a los grupos políticos a apoyar la norma en las Cortes.
En lo concerniente a la legislación en otros países, González-Sinde comparó esta normativa, que persigue a quien se lucra con las descargas, con la que existe en Francia o Reino Unido, que ataca a los usuarios. También ha recordado que, mientras en Reino Unido está prohibida la copia privada, en el resto de países europeos "sí se permite copiar originales".
Ante la posibilidad de que una web de descargas traslade su servidor a otros país, la ministra ha reconocido que por ahora la ley afronta sólo el ámbito nacional, aunque no descarta futuras directivas europeas que regulen un ámbito más amplio.
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