Pérez Rubalcaba se mostró visiblemente molesto con esta cuestión. El Gobierno tiene 20 días para inscribir Sortu, pero "ya le digo que no lo vamos a inscribir, que vamos a paralizar la inscripción" y, por tanto, rechaza algunas manifestaciones de dirigentes del PP que por "maledicencia" o por "desconocimiento" intentan romper el acuerdo de unidad antiterrorista existente entre ambos partidos. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rubalcaba se tomó su tiempo para explicar con pelos y señales cuál va a ser la posición del Gobierno respecto a los batasunos, y para asegurar con rotundidad que "de esta posición está informado el PP. La misma mañana que se presentó Sortu", Rubalcabha habló con su interlocutor en el PP -es de suponer que con
Federico Trillo- "y saben perfectamente lo que vamos a hacer". "A mí lo que me importa es la unidad, mucho", finalizó.
Dicho lo cual, Rubalcaba señaló que "hay una acción de la ilegalizada Batasuna de presentar los estatutos de un nuevo partido donde hacen consideraciones sobre la violencia terrorista y, en concreto, de ETA. Esto es una novedad", es cierto, pero una novedad -la condena de la violencia- que "se ha producido porque la democracia ha sido firme en la defensa de sus principios y porque la lucha contra ETA va bien".
A partir de ahí, Rubalcaba explicó de forma clara que el Ministerio de Interior enviará la decisión de inscribir o no al nuevo partido Sortu al Tribunal Supremo, y que lo hará a través de la Abogacía y de la Fiscalía del Estado. "No corresponde al ministerio del Interior controlar la legalidad", en este caso, dado que "es un caso singular": "Es evidente que se trata [Sortu] de la ilegalizada Batasuna, con lo que hay una continuidad", y dado que hay continuidad con un partido ilegalizado por el Supremo, el Ministerio de Interior va a paralizar la inscripción y "decírselo a quien declaró ilegal el partido", es decir, al Supremo, dado que hay continuidad con Batasuna y Sortu "no es un partido que cae del cielo".
El Ministerio del Interior tiene 20 días de plazo para comunicar su decisión, con toda lo documentación pertinente, a la Abogacía y a la Fiscalía General, pero "no vamos a agotar el plazo, porque el trabajo está muy adelantado" por parte de la Policía y de la Guardia Civil. En este sentido, reveló Rubalcaba que el mismo día que Sortu fue presentado en el registro de Interior, el secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, pidió un informe a la Policía y a la Guardia Civil para documentar "exhaustivamente" que Sortu es la continuación de Batasuna. Esos documentos se enviarán a la Fiscalía y la Abogacía para que "haga las correspondientes demandas al Tribunal Supremo". Y todo porque "Batasuna tiene escasa credibilidad".
A continuación, una vez recibidos los documentos por parte de Interior, la Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen otros 20 días de plazo para interponer las demandas. Finalmente, la Sala del 61 del Tribunal Supremo tiene sus propios plazos.
En definitiva, que Rubalcaba ha sido este viernes meridianamente claro: la posición del Gobierno es que Sortu es continuidad de Batasuna y que el órgano que decidió la ilegalización de ésta es quien debe decidir si Sortu es legal o no. Y "el PP está plenamente informado".
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