Las declaraciones del canciller Héctor Timmerman sobre las facultades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para relacionarse con el mundo en forma directa alimentan un conflicto político que, estrictamente, no responde al diseño constitucional.
Si bien en la vieja Constitución de 1853 las relaciones exteriores eran una facultad excluyente del Gobierno Federal, la reforma de 1994 incorporó formalmente a la Argentina en la tendencia global de multiplicidad de puentes entre el país y los actores externos.
Se ha dicho que una característica de la globalización actual es la multiplicidad de actores, a diferencia de la “primera globalización”, protagonizada por los Estados y la “segunda globalización”, realizada centralmente por grandes empresas privadas.
Al iniciarse el siglo XX, apenas un par de organismos internacionales relacionados con el área postal y las telecomunicaciones se sumaban a los Estados en el escenario global (la Unión Postal Universal y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones). El comienzo del siglo XXI muestra, por el contrario, un protagonismo cada vez mayor de entidades “para-estatales”, “sub-estatales”, “supra-estatales”, privadas, mixtas, informales, fundaciones, ONGs y como frutilla del postre, una masiva injerencia de las personas en forma directa en el escenario internacional, favorecida por la revolución de las comunicaciones y la creciente fuerza y “empowerment” de las personas comunes.
La pretensión de encerrar las relaciones externas de la Argentina en la decisión de una persona –el Canciller o aún en el propio presidente de la Nación- enfrenta una realidad que no pueden cambiar ni siquiera los regímenes más totalitarios del mundo al intentar tapar el sol con un dedo. Expresa por cierto una visión autoritaria del poder y la inconsistencia con el actual estado del mundo, de la sociedad y de la tolerancia de los propios ciudadanos hacia el poder. Es vetusta y ciertamente reaccionaria.
En esa línea, la reforma constitucional de 1994 reconoció a las provincias –por analogía, también a la ciudad autónoma- la facultad de “celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación...” –art. 124-, limitación ésta justificable, pero que nada tiene que ver con la situación bajo análisis, habida cuenta que varias provincias y el propio gobierno federal envían funcionarios a los cursos de capacitación e intercambio de conocimientos técnicos que el canciller imputa a Macri de conformar “manuales de torturas” y hasta de proyectos golpistas.
El canciller debe coordinar una actividad en la que el Estado dejó hace tiempo de tener monopolio. Su función debe exhibir madurez y tolerancia, para no obstaculizar la infinidad de vínculos virtuosos entre la sociedad civil, los distintos estamentos públicos, el ámbito empresario, el relacionamiento de científicos y técnicos, la proyección cultural y artística y todos los ámbitos en los que personas que viven en nuestro territorio se imbrican con el torrente del mundo para construir la “ciudad del futuro”.
En esa ciudad del futuro, el Estado tiene responsabilidades centrales. Asúmalas. Ayude a construir la gobernabilidad global. Honre los convenios internacionales y la palabra de la Nación en la lucha contra el crimen, cumpliendo las decisiones de la justicia sobre extradición. Asuma el protocolo. Utilice a pleno la gigantesca capacidad y experiencia del Servicio Exterior de la Nación, que conforma el área quizás de mayor capacitación estratégica en la estructura del Estado. Respete a los demás organismos públicos, a las iniciativas de la sociedad civil, y sobre todo a los ciudadanos que le pagan el sueldo.
No nos haga pasar más vergüenza, como argentinos, de las que ya tenemos que disimular en oportunidad de cada viaje presidencial al exterior, al escuchar conceptos que pretenden dictar cátedra para el mundo, desde un lugar que no es capaz de detener la inflación, poner coto al narcotráfico cada vez más integrado al Estado, superar la inseguridad, controlar la calle, garantizar la libertad de sus ciudadanos, detener el deterioro de la educación pública y poner riendas a la cleptomanía angurrienta de sus socios.
Afortunadamente, la Argentina no depende del canciller para integrarse al mundo. Miles de lazos económicos, sociales, culturales, empresariales, políticos, personales, científicos, conforman una red gigantesca de modernización a la que conceptos como el del Canciller molestan, pero son afortunadamente impotentes de detener. Son los vínculos que aseguran que la Argentina tiene futuro, a pesar de esta gestión.
Las iniciativas de los espacios sub-estatales (como provincias, municipios e incluso organismos intraestatales) con sus similares del exterior van impidiendo que el aislacionismo retrógrado de funcionarios que se asumen como tutores del país detenga la marcha de una Argentina que crece y avanza a pesar de su gobierno y de sus funcionarios. Ayudan a acercarse a lo mejor del mundo global, a asociarse a sus líneas virtuosas, a compartir experiencias frente a los nuevos peligros, y a acercar la visión sobre una sociedad planetaria más justa.
Las amarras serán soltadas definitivamente, sin embargo, cuando el Estado se asocie estas iniciativas en lugar de bloquearlas. Cuando eso ocurra, nuestra Argentina estará en condiciones, en una década y gracias a la potencialidad de su gente, de recuperar el tiempo que nos han hecho perder visiones y actitudes como la del actual canciller.
Ricardo Lafferriere
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