Es ya algo peor que inquietante la situación de algunas Cajas de Ahorro y las erráticas actuaciones al respecto del presunto Gobierno que todavía preside
Rodríguez Zapatero. Conviene dejar claro que las Cajas de Ahorro han prestado durante años un extraordinario servicio a la sociedad española, lo que hace más penosa la situación actual de proceso de transformación o venta al mejor postor, en lo que no puede desconocerse la culpa que alcanza a las autoridades del Banco de España, que no han sido capaces de ejercer eficazmente al respecto la función de ente regulador del sistema, quizá condicionadas por la ausencia de un mínimo planteamiento estratégico por parte del Ministerio de Economía, sometido a los caprichos cambiantes del inverosímil presidente Rodríguez Zapatero y de sus estrategias superficiales y cortoplacistas, orientadas sólo a la propaganda y no al desempeño de sus funciones presidenciales.
El caso es que, apenas terminada y con no pocos flecos sueltos la pretendida reestructuración del sector, la ministra
Elena Salgado ha reconocido que hace falta un nuevo plan para sanear, dice que definitivamente, el sector, y que ese plan va a costar más de 20.000 millones de euros. Pero si la situación de las Cajas es tan extremadamente grave ¿cómo se puede seriamente aplazar el afrontarla? ¿Quizá para no dar argumentos al adversario en las cercanas elecciones de mayo? Sería de una irresponsabilidad memorable, aunque ciertamente propia de Rodríguez Zapatero y su cada vez más inverosímil corte de los milagros, capaz de subordinar todo al cortoplacismo de las conveniencias electorales.
Todo indica que a ese punto de degradación de la vida política española se ha llegado con el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por eso es natural y no debe sorprendernos que en Berlín, París y Londres se piense que, víctima de un Gobierno que elude sus responsabilidades y no tiene otra verdadera ocupación que las
cortoplacistas estrategias electorales, el Reino de España se encamina irreparablemente hacia la suspensión de pagos. Y con la “default” del Reino de España, la Unión Europea se acerca a una conmoción económica de tremendas repercusiones, que incluso, en algunos aspectos, podrían afectar a los mercados globales. Si llega ese momento, deberemos reconocer que nunca antes tan pocos habrían hecho tanto daño a tantos, y la imagen internacional de España quedaría, por vez primera desde el inicio de la transición, profundamente dañada.
En el sector se teme, con fundamento, que van a entrar en graves tensiones la mayoría de las Cajas, con muy contadas excepciones, de manera que, como señalaba Jesús Cacho en un reciente y demoledor análisis, “La cifra de 20.000 millones de recursos que supuestamente serían necesarios para solucionar el problema se antoja a todas luces muy alejada de la realidad. ¿Por qué 20.000 millones y no 30.000 o 40.000, incluso los 80.000 que se han citado en diversos foros y medios? ¿De dónde sacará cualquiera de esas cifras la “autoridad” competente? ¿Podremos hacerlo sin pedir ayuda a la UE y al FMI? Ese es el quid de la cuestión”. La estremecedora conclusión de
Jesús Cacho, que comparto, es que “El Banco de España sigue sin asumir su gravísima responsabilidad en lo ocurrido, aunque, a cambio, nos ofrece la confusión con una nueva reforma llena de incertidumbres, que, además, aplaza hasta el otoño”. El final del final no puede ser más desolador y es que la credibilidad de este Gobierno ha caído a cero y nadie le ve ya como posible protagonista de un proyecto creíble para afrontar el problema, sino como parte esencial del problema mismo. Así que estamos mucho peor que ayer, pero con perspectivas de estar mañana aún peor que hoy. En términos de economía nacional estamos asomados al borde del abismo y todo indica que a punto de ser atraídos por él, sin que nadie serio pueda creer que este Gobierno, que es parte esencial del problema y que lo ha agravado hasta la terrible situación actual, pueda hacer algo realmente efectivo para evitar el desempeño de la economía española.
Se ha llegado pues al punto en que la solución sólo puede ser y debe ser política, esto es, a través de un nuevo Gobierno que surja de elecciones generales inmediatas. A todas las demás fuerzas políticas del arco parlamentario les toca la difícil decisión de forzar esas elecciones generales inmediatas que son ya un clamor ciudadano, a través de una moción concertada de censura que permitiera emerger un Gobierno de amplio espectro, serio y capaz para afrontar la situación. De no hacerlo así, quedarán reducidas a la triste condición de cómplices de este desmoronamiento que ni España ni la economía española merecen, y que desde luego no nos merecemos los españoles. El desastre es sólo culpa de un Gobierno incapaz e inmoral que ha tirado por la borda los frutos del extraordinario éxito de la Transición, pero es una culpa que en cierto modo también alcanza a quienes, pudiendo derribarlo por vía parlamentaria, permiten que siga existiendo este Gobierno inverosímil. No estamos ante un debate de izquierdas o derechas, sino de frivolidad o responsabilidad. España no puede ni debe permitirse por más tiempo un Gobierno tan frívolo. No lo merece Europa y desde luego no lo merecemos los ciudadanos españoles, ni siquiera los que le dieron sus votos.