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Samuel Moreno le responde a la ciudad con sus propios bienes

Samuel Moreno le responde a la ciudad con sus propios bienes

martes 21 de diciembre de 2010, 10:32h
La Contraloría General ordenó el embargo de parte de los bienes del actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y de su antecesor en el cargo, Luis Eduardo Garzón; estas decisiones se toman dentro de un proceso fiscal de investigación que se sigue por la crisis de la contratación pública en la ciudad.

La Contralora General, Sandra Morelli, aseguró que el embargo alcanza la mitad del patrimonio de cada uno de ellos, aunque aclaró que la medida es preventiva y tiene como objetivo cubrir un eventual detrimento patrimonial en el que uno y otro hayan podido incurrir con las fallidas contrataciones de otras públicas con el Grupo Nule, que entró en crisis y se desplomó.

Morelli explicó que Moreno y Garzón afrontan un proceso fiscal por decisiones del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) sobre la tercera fase de construcción de Transmilenio. La causa partió de la contratación con el Grupo Nule de la construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida que comunica el aeropuerto bogotano de "El dorado" con el centro de la ciudad.


La alcaldía de Garzón adjudicó este contrato a la organización de los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule, y le entregó anticipos por unos 69.000 millones de pesos (más de 35,87 millones de dólares).

"Esos anticipos no fueron aplicados a la compra de materiales, maquinaria, etcétera, por lo que tuvo que hacerse efectiva la póliza", denunció la contralora. Mientras, la alcaldía de Moreno autorizó la cesión a otro contratista del contrato con el que la organización familiar, que entró en quiebra, no pudo cumplir.

La funcionaria advirtió de que se calcula que estas decisiones tuvieron como efecto un detrimento patrimonial de unos 200.000 millones de pesos (103,99 millones de dólares).

Además de Moreno y Garzón, que fueron elegidos para la alcaldía bogotana por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), la Contraloría General ordenó el embargo de bienes de varios directores o ex directores del IDU, lo mismo que de firmas contratistas, entre ellas del desplomado Grupo Nule.
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