En respuesta a la interpelación urgente del Grupo Popular en el Congreso, Jauregui ha señalado que le parece "preocupante" que el PP considere que existe una responsabilidad aplicable al Gobierno que pueda obligar a los españoles a pagar los daños producidos por los controladores. "Que sean los controladores los que paguen", enfatizó.
Jáuregui resaltó que no ha sido ni un conflicto laboral ni una huelga de carácter legal o ilegal sino que los controladores realizaron "un auténtico sabotaje" en el espacio aéreo del país "impidiendo que España cumpliera sus compromisos con el espacio aéreo internacional".
El ministro destacó que la actuación del Gobierno se basó "en no ceder a ese chantaje" y en proceder a la "apertura inmediata" del espacio aéreo, que se produjo en un plazo de 24 horas.
A pesar de reconocer que se han registrado importante daños en la imagen de España y a nivel económico, Jáuregui acusó a los controladores de ser los únicos que han atacado a la sociedad y a la economía española y defendió la "rápida y eficaz gestión del Gobierno", que ha conseguido abrir el espacio aéreo "en horas" limitando el impacto económico de esta crisis.
"Fue el Gobierno el que estableció medidas compensatorias y formulas alternativas de transporte para los pasajeros afectados", recordó Jáuregui a la portavoz de Turismo en el Congreso del PP, María Salom.
El ministro explicó también que el problema proviene del convenio colectivo firmado en 1999, que creó una situación de privilegios para el colectivo y que ha provocado "una situación laboral y salarial escandalosa". "Es sobre esta situación sobre la que actuó el Gobierno para evitar que las tasas aéreas sean las mas caras de Europa", ha insistido el ministro.
"Llevamos seis años intentando negociar con los controladores", recalcó Jáuregui, quien afirma que el Ejecutivo "ha mostrado la mejor de sus voluntades" para garantizar un buen control aéreo y hacer la navegación aérea más competitiva en España.
El ministro ha recordado a Salóm que en 2010 se aprobó una nueva ley de tránsito aéreo, tres reales decretos y cuatro órdenes ministeriales. "Venimos actuando a lo largo de todo el año. "Durante esos seis años el Gobierno ha querido poner orden en el servicio para que la ley se imponga sobre los privilegios", ha asegurado.
También ha hecho alusión a la sentencia histórica de la Audiencia nacional que afirma que la intervención del Gobierno en la ley que anula el convenio de 1999 era "obligada e imprescindible".
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