Según datos que este miércoles proporciona el diario La Vanguardia, el Estado gastará este año 2.000 millones más de euros de lo inicialmente previsto, lo que significa que terminará el ejercicio con un gasto próximo a los 32.000 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo. Esta desviación en el presupuesto inicial se debe a que el paro ha crecido más de lo previsto. Al gasto en pagar prestaciones a los desempleados hay que sumar las políticas activas de empleo -cursos de formación y bonificaciones a la contratación-, que se elevan a 7.796 millones. Todo ello sitúa el coste total del gasto derivado desempleo en cerca de los 40.000 millones de euros. Estas estimaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo son las que han obligado a poner en marcha la reforma de los Servicios Públicos de Empleo.
El Ministerio de Trabajo estima que el gasto en desempleo se mantendrá en términos similares durante el 2011, en torno a 30.800 millones de euros. De acuerdo con sus estimaciones, la evolución del desempleo recupera la normalidad y presentará una lenta inflexión a partir de primavera. El ministerio ha modificado considerablemente los criterios del gasto en políticas activas de empleo. El objetivo de la reforma laboral es limitar las bonificaciones a la contratación a los colectivos más
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desfavorecidos -jóvenes, mayores de 45 años, mayores de 60 años y discapacitados- y el resto dedicarlo a formación. El problema es que los resultados se apreciarán progresivamente dada la inercia del gasto comprometido.
En la actualidad se destina a formación cerca de un 78 por ciento del presupuesto. Esta se hace a través de la formación para el empleo, que se gestiona a través de dos acuerdos: el primero entre patronal y sindicatos que se reparten 2.100 millones para cursos y que tienen que renegociar a partir de octubre. El segundo es qué hacen los agentes sociales junto a la Administración y que se eleva a 2.571 millones. A estos dos acuerdos hay que sumar los programas de empleo (orientación, escuelas taller, ayudas de los ayuntamientos) que son 2.700 millones más. El principal problema de este modelo es que el Estado gestiona las prestaciones con 9.861 funcionarios y las autonomías las políticas activas con 12.071 funcionarios y en colaboración con más de 4.000 centros homologados.
Trabajo ha tardado dos años en implementar un sistema para controlar la actuación delegada en las autonomías hace 17 años y lograr la mayor transparencia. El objetivo es lograr un mínimo común pero respetar la actuación de las autonomías que dan más proximidad, explican fuentes ministeriales. La reforma la rematará el nuevo equipo.
El enfrentamiento con los sindicatos lo ha protagonizado la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, que ha anunciado la eliminación de 2.000 delegados sindicales, de los 3.500 existentes en la función pública de la región. Las horas sindicales se rebajarán de 75 a 40. El secretario de Estado de la Seguridad Social,
Octavio Granado, se ha mostrado en contra de la medida, que considera una medida reactiva por la huelga.
Según la misma información, la mesa y los portavoces de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo se reunirán los próximos días 6 y 7 de octubre en una sesión maratoniana para empezar a hablar de las recomendaciones que los grupos políticos harán al Gobierno para la reforma del sistema de pensiones. Según fuentes del PSOE, está previsto que la reunión comience a las 10 de la mañana del día 6 y se prolongue el tiempo que sea necesario. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha recordado a los medios durante una rueda de prensa que el Gobierno está a la espera de que la comisión establezca sus conclusiones, una vez analizado el documento que le remitió en enero el Ejecutivo con sus propuestas. Granado subrayó la conveniencia de empezar cuanto antes "porque así será mayor su periodo de implantación y, en este sentido, será más suave". Además, abogó por que la reforma sea suficiente frente al reto demográfico.
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