La norma respeta el texto pactado por PSOE y PNV que
concreta las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos", suprimiendo un punto y coma introducido por CiU en el Senado que, según el PSOE, "desvirtuaba" y "ampliaba" los supuestos, según el PSOE.
El PSOE también ha logrado eliminar otra de las enmiendas introducida por el PNV que obligaba a las empresas a
hacer fijos sólo a aquellos trabajadores que hayan encadenado contratos durante tres años desempeñando el mismo puesto de trabajo y con idéntica actividad, mientras que a partir de ahora sólo tiene que estar en la misma empresa durante ese mismo periodo.
Así,se justifica el despido por las condiciones que justifican el despido por motivos de
absentismo laboral, fijadas en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, siempre que la media de la plantilla no supere el 2,5%, después de que el PSOE lograra eliminar una enmienda del PNV que suprimía este umbral mínimo
Aunque el debate se centraba exclusivamente en las enmiendas, todos los portavoces han aprovechado para expresar una posición global sobre la norma, que a excepción del PSOE, fue unánime en el reproche al Gobierno, entre llamamientos a la huelga por parte de ERC, IU e ICV.
Durante su intervención en el debate, el ministro de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, ha asegurado que la nueva ley será "larga" y beneficiosa, al tiempo que la ha calificado de "equilibrada" y "ambiciosa". Según apuntó, la norma elimina incertidumbres en el nuevo marco jurídico y "da mayor seguridad a empresarios y trabajadores".
Corbacho ha destacado el "carácter equilibrado" del texto y aseguró que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica en un escenario de "post crisis" respetando la realidad del modelo de relaciones laborales en España, sin poner en cuestión las instituciones básicas como la causalidad de la contratación temporal y la tutela judicial del despido, respetando "íntegramente" los derechos de los trabajadores.
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