Aunque los hosteleros se quejan siempre, hay más gente que otros veranos. Las terrazas y los restaurantes están llenos, incluso en el norte de España. Parece como si todos quisiéramos olvidar los problemas. Apenas se habla de política –salvo la pelea desigual entre Trinidad Jiménez y Tomás Gómez que va a conseguir que éste último parezca un personaje atractivo, una vez demostrado que todos los políticos buscan el poder absoluto. Se habla, vergonzantemente, de que hay más muertos en la carretera porque los guardias civiles están en huelga de bolígrafos caídos, lo que parece esconder una preocupación “política” por una menor recaudación para las arcas del Estado. Y se habla de la huelga de los controladores, que puede ser un golpe de gracia para el turismo y las cuentas públicas. La posición de los controladores es impresentable, pero también lo es el papel de Fomento y, sobre todo, de AENA. No están contando todo lo que pasa. Y tanto si se soluciona el problema -cada vez hay menos tiempo-, como si no, podemos llevarnos sorpresas.
Pero se habla mucho menos de la crisis de los ayuntamientos. Algunos, tal vez.png)
muchos, están al borde de la bancarrota hasta el punto de que en los próximos meses tal vez no puedan pagar las nóminas de sus empleados y, mucho menos, a sus proveedores. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha obligado al ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) a pagar lo que debe a una empresa constructora ¡desde hace 11 años! y, si no lo hace, a pagar una multa semanal de entre 300 y 500 euros. Es inaudito. ¿No habíamos quedado en que las Administraciones públicas tenían que pagar a sus proveedores en 60 días?
Además, los ayuntamientos, y las comunidades autónomas, tendrán que devolver a partir del próximo ejercicio un montón de millones al Gobierno central, por la liquidación de los anticipos a cuenta que éste les hizo. No tienen dinero ni posibilidades de hacerlo. A ello se suma el parón inmobiliario y, por tanto, la recaudación de los entes locales y la imposibilidad de los ayuntamientos de acudir a créditos a partir de 2011 por decisión del Gobierno central. También es cierto que aunque pidieran dinero prestado a los bancos, seguramente éstos no se lo darían. Los bancos tienen el grifo cerrado. No prestan a nadie que no ponga sobre la mesa no sólo solvencia sino recursos suficientes para no necesitar el préstamo. Unos no tienen liquidez y los que la tienen exigen contrapartidas imposibles.
Así que ayuntamientos sin dinero, sin posibilidad de acudir al crédito, con los ingresos mermados y sin “papá Estado” para tapar agujeros, no sólo son un problema para quienes trabajan en ellos sino para quienes les prestan servicios y les proveen de materiales o servicios, para todos los ciudadanos y para los servicios que prestan a éstos. Ayuntamientos pobres, pobres ayuntamientos.
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