La juez
Carmen Valcarce, como ya vaticinó, hace ya algunos meses, en prensa, radio y televisión la pitonisa de Delfos, acaba de archivar el caso del espionaje supuestamente perpetrado por agentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid (GCM), presidida por
Esperanza Aguirre, al vicealcalde madrileño
Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo del GCM
Alfredo Prada. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es del PP, espiaba, pues, a cargos de su propio partido.
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El auto judicial, de clara raíz surrealista, pone en duda que hubiera seguimiento a los cargos del PP a pesar de la evidencia de las pruebas aportadas, que incluye partes escritos. La juez, además, declara que seguir a una persona no atenta contra el código penal, salvo que la información obtenida por este medio se utilice para cometer delitos. La juez – y en este punto somos benévolos con ella, dadas las altas temperaturas que sufrimos – ha declarado que es imposible saber si, para este seguimiento, se utilizaron fondos públicos. Es verdad que este calor no favorece nada la investigación. También, dada la inminencia de las vacaciones de agosto, la juez ha dictado su auto antes de que pudiera declarar como testigo
Yolanda Laviana, ex esposa de
Sergio Gamón, el presunto jefe de los espías de Esperanza Aguirre. Yolanda Laviana contó en un diario que su ex marido informaba al vicepresidente primero,
Ignacio González, sobre el espionaje a Prada. Calor, calor, obnubilas hasta las meninges de nuestros más preclaros jueces.
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