El texto relativo al Estatut recoge el lema de la manifestación que recorrió Barcelona el pasado 10 de julio 'Somos una nación, nosotros decidimos' y persigue que el Congreso constate el "amplio y mayoritario" rechazo de Cataluña a la sentencia del Tribunal Constitucional y obligue al Ejecutivo a "garantizar el reconocimiento político y simbólico de Cataluña como nación".
Además, IU-ICV instan al Gobierno a presentar en el Congreso antes de 2011 una ley para la mejora del autogobierno que deberá incluir todas las reformas de leyes estatales relacionadas con los preceptos de la norma catalana que han sido anulados o interpretados por el alto tribunal. También le urgen a pactar con la Generalitat un calendario para el pleno desarrollo estatutario, especialmente en materia de traspasos, y a no contradecir con leyes estatales nada de lo previsto en la norma catalana.
Ambas formaciones solicitan, asimismo, al Ejecutivo que, antes de que acabe 2010, impulse las reformas que permitan el uso de todas las lenguas del Estado en las Cortes, la Administración General del Estado y regule los requisitos de capacitación lingüística exigibles a funcionarios estatales, jueces y magistrados, entre otros profesionales.
Acabar con la ley D'hont
Por otra parte, IU e ICV han aprovechado las resoluciones derivadas del debate de política general para volver a reivindicar una reforma de la Ley Electoral que se traduzca en un sistema más proporcional y más justo.
IU, que ya vio rechazados sus planteamientos en esta materia en la subcomisión que ha tratado este asunto en el Congreso durante los últimos meses, insistirá en demandar que se modifique la fórmula de reparto de escaños, que ahora se basa en Ley D'Hont, que se aumenten de los 350 actuales a 400 los diputados del Congreso para distribuir los 50 adicionales de forma proporcional y que se limite o directamente se prohíba el transfuguismo político.
Políticas públicas para exhumar fosas
Por último, estas dos formaciones han registrado una propuesta de resolución para instar al Gobierno a cumplir una moción sobre memoria histórica que el propio Congreso ya aprobó, con el voto a favor del PSOE, el pasado mes de abril.
Según ese texto, a partir del próximo mes de septiembre, el Ejecutivo debe garantizar las políticas públicas de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
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Propuestas de ICV>>
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