El portavoz de NaBai, Txentxo Jiménez, ha insistido en conocer la postura del Gobierno frente a un proyecto que, actualmente agricultores y ayuntamientos rechazan. La consejera ha respondido que "el proyecto de regadio fue una solicitud de estos consistorios hace 8 años, y ha requerido un tiempo para realizar las diferentes tramitaciones". Sanzberro ha recordado que "aunque está incluido en el Plan 2012, con una inversión de 130 millones de euros, la transformación en regadio no se ejecutará si es rechazada". En caso de que los afectados rechacen la iniciativa, "no habrá inversión", ha recalcado la consejera, quien ha defendido en todo momento que la intención del Gobierno de UPN "no es imponer absolutamente nada", sino esperar a que culminen "todos los trámites administrativos" y que se conozca "el coste" del proyecto, para después "preguntar propietario a propietario" si quieren que se ponga en marcha.
VALORACIONES DE LOS GRUPOS
El resto de los grupos han mostrado su apoyo a la modernización de la transformación de la agricultura, pero han pedido a la consejera que se considere la situación actual y realice la consulta entre los agricultores de la zona.
El parlamentario de Nafarroa Bai Txentxo Jiménez ha criticado la política de regadío puesta en marcha por el Ejecutivo navarro y ha lamentado que el Gobierno "pretende gastar 135 millones de euros en este proyecto opuesto y contrario a los propietarios" de la zona.
Por ello, considera "prudente y responsable que el Gobierno opte por una salida digna" y "haga una pregunta de una forma limpia y clara" para cuantificar los resultados, que "será que no", y después retire este proyecto que "está generando bastante preocupación entre los agricultores" de Tierra Estella.
Desde PSN, María Gracia Iribarren ha destacado que el PSN "siempre ha estado a favor de la modernización de la agricultura y los regadíos", pero ha defendido que "su impulso se debe hacer desde la viabilidad y el sentido común". Así, ha aconsejado a la consejera "parar a ver que se hace con este proyecto", al ser fundamental saber para qué, cómo y cuánto va a costar poner estas 8.000 hectáreas de regadío".
Por parte de CDN, José Andrés Burguete, ha valorado "la postura responsable y razonable" de la consejera, ya que, "hay incertidumbres que son claves para saber si el proyecto es viable". En su opinión, "falta por saber cuestiones muy importantes" de este proyecto, "no sólo la opinión de los afectados, sino también el estudio de viabilidad económica".
Finalmente, Ion Erro, de IUN, se ha preguntado "si la tardanza político-administrativa" de desarrollar esta nueva zona de regadío, que fue reclamada por los ayuntamientos hace 10 años, "ha sido la causa del problema y de la conflictividad de hoy en día" en torno a este proyecto que "no sabemos cuánto nos ha costado hasta ahora".
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