También de Pedro José Paredes y Fernando José Carrizo, quienes se desempeñaban como administrador y tesorero corporativo de la empresa Gonzalo Tirado y Asociados, respectivamente.
La Fiscalía recordó que ya en febrero pasado solicitó a la Policía Internacional (INTERPOL) la detención de estas personas que se fugaron a esos tres países inmediatamente después de la intervención de las autoridades bancarias decreta en enero.
El Tribunal VI de Control de Caracas "deberá remitir la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que dentro de un lapso de 30 días debe declarar si es procedente o no la petición de extradición", detalló la Fiscalía.
La Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) intervino "a puerta cerrada" el 18 de enero pasado a InverUnión, Mi Casa y Banco Del Sol para "velar por la salud y la estabilidad del sistema financiero nacional y por la protección de los derechos y los ahorros de todos los ciudadanos", dijo entonces.
La Sudeban detectó en esas tres entidades bancarias nacionales "problemas administrativos y gerenciales graves que han desembocado en una situación de iliquidez que no les permite cubrir sus obligaciones en el corto plazo".
La intervención a "puerta cerrada" significa que esas entidades financieras no prestarán servicio a sus clientes mientras las autoridades fiscalizadoras no lo consideren oportuno.
La nota de Sudeban precisó que Mi Casa posee 162.266 depositantes, de los cuales un 98,45% tiene asegurado su dinero a través del gubernamental Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade).
También dijo que el Banco Del Sol cuenta con 1.498 depositantes y que un 97,91% de ellos tiene garantizado sus depósitos por el Fogade y que InverUnión posee 1.686 clientes de los que el 95,31% también posee dichas garantías.
Las intervenciones pueden concluir con la reapertura de los bancos una vez saneados y eventualmente en nuevas manos o con su cierre definitivo, si la situación de insolvencia es insuperable.
Las autoridades financieras venezolanas intervinieron ocho pequeñas entidades bancarias en noviembre de 2009, de las que tres de ellas reabrieron sus puertas un mes más tarde.
Analistas económicos calcularon que todas las entidades intervenidas no representaban el 10 por ciento del mercado bancario nacional.
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