¿Persecución de colombianos en Venezuela?
jueves 08 de abril de 2010, 08:09h
Las autoridades de Venezuela detuvieron en el mes de marzo a ocho colombianos, miembros de una misma familia, que residen en el estado de Barinas desde hace 17 años; en aquella ocasión el Gobierno de Hugo Chávez no ofreció mayor información acerca de los cargos o motivos de la detención.
No obstante lo anterior, hace pocas horas el ministro venezolano de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, confirmó la captura de los nacionales, e informó que los implicados están acusados de espionaje al sistema eléctrico de su país con fines de desestabilización.
El funcionario venezolano aseguró además, que en poder de los colombianos fue confiscada una cámara fotográfica que contenía “imágenes de varias subestaciones eléctricas del país, del sistema interconectado nacional y de la infraestructura vial”, elementos que, según El Aissami, apuntan a corroborar las denuncias de sabotaje a las infraestructuras eléctricas efectuadas por el presidente Hugo Chávez.
Pese a la incómoda situación, lo que realmente encendió las alarmas y la inconformidad del Gobierno colombiano frente a la situación, fue un comentario hecho por el ministro venezolano, según el cual, la nacionalidad de los detenidos es "ya un elemento preocupante".
De esta forma, frente a la declaración de El Aissami, el presidente Álvaro Uribe se mostró indignado y reclamó respeto por los Derechos Humanos de los implicados; así mismo, anunció el envío de una nota de protesta a la cancillería venezolana.
"Nosotros pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ellos velen porque se les dé las garantías a esos colombianos, que se les haga un debido proceso y que la comunidad internacional esté enterada minuto a minuto de ese proceso".
Según Uribe, estas detenciones hacen parte de una "violación de los Derechos Humanos de estos ciudadanos, que se les persigue por ser colombianos". El Jefe de Estado se refirió a otros episodios en los que ciudadanos han sido detenidos o hallados muertos en Venezuela durante los últimos meses, y enfatizó: "no podemos permitir que a los colombianos se les persiga por su nacionalidad".
En este punto, el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez estuvo de acuerdo con Uribe, al afirmar que señalamientos del tipo que hizo el ministro venezolano Tareck El Aissami, "ponen en grave riesgo, en cuanto a su seguridad, a los colombianos en territorio venezolano".
Por esto, el funcionario aplaudió la decisión de llevar la situación ante la CIDH, "con el fin de que se adopten medidas que protejan y garanticen el derecho a la seguridad de los colombianos que residan o transiten por el territorio venezolano".
Pérez también señaló que "es imperioso el acompañamiento y la actuación de las autoridades colombianas en representación de los nacionales detenidos en el vecino país y tramitar de inmediato el regreso al país de un menor de siete años, hijo de uno de los detenidos".
De otro lado, el Defensor denunció que son veinte y no sólo ocho los nacionales detenidos en Venezuela bajo cargos de labores de espionaje.
Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que la petición hecha a la CIDH, incluyó una solicitud de investigación sobre la masacre que involucró a varios colombianos acusados de paramilitares y que hasta el momento la justicia de Venezuela no ha revelado los resultados y nombre de los autores intelectuales y materiales de los hechos.