En las conclusiones de ese informe, elaborado el 31 de julio de 2009, con el asunto de "Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPVC) y elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales, se dice lo siguiente:
"Existe una financiación de actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos. Además el propio Partido Popular en la persona de
Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación de opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".
Este informe de la UDEF, como decimos, no fue admitido por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, que instruía sobre los trajes del presidente autonómico
Francisco Camps, pero sí resulta demoledor sobre la caja B del 'clan Correa' y sus vinculaciones con dirigentes populares valencianos, como Ricardo Costa, así como con empresas de esa Comunidad.
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