Arca está dispuesta a negociar para buscar "soluciones legales" a los derribos

Canales ha puntualizado que la única condición que pone ARCA para abrir este diálogo es que los ayuntamientos presenten un documento que pretenda el cumplimiento de las sentencias y que plantee para ello una serie de propuestas "y salidas legales", que podría pasar por trasladar a otras zonas la edificabilidad de las urbanizaciones ilegalizadas.
Pero ha lamentado que hasta este momento, exceptuando a Arnuero, son los ayuntamientos los que han demostrado que "no quieren dialogar" y que su intención es "hacer trampas y triquiñuelas" para que no se cumplan las sentencias de derribo.
"Han pasado más de diez años y los ayuntamientos no han hecho nada", ha indicado Canales, que ha remarcado que la excepción es el Ayuntamiento de Arnuero, que gobierna el popular José Manuel Igual, porque ha presentado propuestas que cumplen las sentencias y prevén el traslado de la edificabilidad de las urbanizaciones ilegalizadas a otros terrenos, a través de la revisión del planeamiento.
ARCA considera que el Gobierno regional, que está liderando un proceso para intentar resolver esta situación, debería tener un papel "de tutela" en la negociación con los ayuntamientos.
La asociación no está "cerrada" a que el Ejecutivo participe, pero, según recuerda Canales, los tribunales han indicado que esta Administración regional "no pinta nada" en la ejecución de los derribos.
Canales ha añadido que el Plan de Actuación de los Derribos que ha elaborado la Consejería de Obras Públicas lo han "echado por tierra" los propios tribunales y, en lugar de buscar el cumplimiento de las sentencias, trata de que se legalicen el mayor número de viviendas.
Peticiones al Parlamento

Además, el presidente de ARCA ha anunciado que su asociación ha presentado una serie de peticiones al Parlamento de Cantabria, entre ellas, que se refuerza el cumplimiento de la legalidad urbanística para que no se vulnere "sistemáticamente".
ARCA también ha pedido que se "recorten" las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y que se adopten medidas para que desaparezca la corrupción en este ámbito.
Además, este colectivo ha solicitado el desarrollo de una cultura de información al ciudadano, para que se sepa lo que "se cuece" en el urbanismo, y que se ponga en marcha un protocolo para que los propietarios de las casas con sentencias de derribo tengan "una indemnización justa".
El presidente de ARCA ha criticado que, desde que hace más de quince años se produjeron las primeras sentencias firmes de demolición, en Cantabria ha calado un mensaje de que, pese a todo, "no se iba a tirar nada".
Canales ha opinado que en todo este tiempo los ayuntamientos han "demostrado ser un nido de corrupción" y han "ninguneado" las sentencias de derribo, porque han puesto "todo tipo de trabas" para su ejecución.
Pero ha subrayado que, pese a su "lentitud", la Justicia actúa y está "a la altura de los valores democráticos para velar por el cumplimiento de la ley". Ahora, en opinión de Canales, los ayuntamientos están demostrando que tienen "poco talante democrático" y que quieren "dar un patada al Estado de Derecho", porque han instado al Gobierno a que intente solucionar este problema "modificando las leyes como un guante" para no cumplir los fallos judiciales.
Sin embargo, para ARCA, ése "no es el camino" que hay que emprender, puesto que es contrario al Estado de Derecho y a la Constitución. El presidente de ARCA ha aseverado que, en este contexto, "lo único" que ha hecho este colectivo es solicitar una reunión del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) para que se informara a la sociedad ya que, a su modo de ver, todos los pasos emprendidos se habían dado "en las catacumbas" de la región y dentro "del oscurantismo".
En la actualidad, tienen sentencias firmes de derribo casi 600 viviendas distribuidas en una veintena de urbanizaciones de Arnuero, Argoños, Escalante, Miengo y Piélagos.