De esta forma, los imputados son, además de
Dopico, el concejal de Hacienda,
José Miguel Rodríguez 'Kaika' -en el momento de los hechos ambos militaban en el PP-;
Pedro Llamas, el administrador de la empresa;
Iciar Muruaga, la veterinaria del Ayuntamiento; y el alcalde,
Fernando Muguruza.
A Elisa Dopico se le acusa de un delito de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho; y a José Miguel Rodríguez López de uno de tráfico de influencias y un delito continuado de prevaricación.
A Pedro María Llamas se le acusa de un delito de cohecho y a la veterinaria Iciar Muruaga, de uno de prevaricación, todo por la adjudicación, desde 2003, de la encomienda a la empresa Trapur de los trabajos de desratización y desinfección de vías públicas en el municipio, por orden de Dopico y, posteriormente, de López.
En virtud de este auto, contra el que no cabe recurso, se da por formulado el escrito de acusación, que se trasladará a las defensas para que se pronuncie. Así, sólo queda pendiente la presentación del escrito de defensa. El auto designa a la Audiencia Provincial como órgano que verá esta causa.
Prevaricación en Muguruza
En el caso del regidor, la Fiscalía había solicitado el sobreseímiento provisional de las acusaciones, considerando que no había indicios de que fuera consciente de la adjudicación a Trapur de los contratos sin la existencia de expediente.
Ahora el juez Luis Acayro Sánchez rechaza esta petición y concluye que existen "indicios suficientes" de que Fernando Muguruza cometiera un delito de prevaricación. Según el titular del Juzgado, está acreditado que ordenó el pago de las facturas, y de que, cuando lo hizo, "era sabedor de la ilegalidad que estaba cometiendo".
Es más, añade que el alcalde "incluso" llega a firmar cinco de estas facturas por un importe total de 60.000 euros, presentadas por la empresa, y "consiente" que se fraccionen "de manera evidente", además de que se asumieran esas obligaciones de pago "sin adecuación previa y preceptivo de crédito".
El juez señala que Muguruza ordeno ese pago a pesar de que es una competencia que le correspondía al Pleno municipal, y que lo hizo dejando sin efecto un reparo planteado por el funcionario correspondiente, además de desatender los "reiterados reparos" del ex interventor, Fernando Urruticoechea -acusación particular en el proceso-, quien ya en junio de 2004 había advertido de "ilegalidades generalizadas".
Fianzas
Además, este mismo juzgado ha emitido otros tres autos en los que se solicita que abonen fianza a los concejales Elisa Dopico, José Miguel Rodríguez López 'Kaika' y al gerente de Trapur, Pedro María Llamas, para asegurar las posibles responsabilidades económicas de la causa.
En el caso de el alcalde y la veterinaria, no se les impone fianza porque el delito es de prevaricación y no lleva aparejada multa.
La fianza que se pide para José Miguel Rodríguez López asciende a 587.769 euros, la que se reclama para Elisa Dopico es de 172.264 euros, y la que se pide para Pedro María Llamas, de 3.000. En los tres casos, se fija el plazo para el abono en un día, aunque es una decisión contra la que cabe recurso.
En caso de no que no lo hicieran, el juez advierte de que se procederá al embargo de sus bienes hasta que se responda de las cantidades solicitadas.
De deficitaria a rentable
Estos autos recuerdan el papel de los imputados en el caso Trapur. Así, de Pedro María Llamas se reseñan los indicios de que resultó beneficiado de las adjudicaciones del Ayuntamiento a su empresa, deficitaria en 2002, y que comienza a ser "extraordinariamente rentable" a partir de que acceden al gobierno municipal su "amigo" Muguruza y sus "compañeros de partido político" -entonces el PP-, los concejales Dopico y Rodríguez López.
Las adjudicaciones se hicieron "con manifiesto trato de favor" y con el fraccionamiento "ilícito" de los contratos. Y refiere que consta el pago de "al menos" 1.000 euros por parte de la empresa a la concejala Elisa Dopico, que los ingresó en su cuenta corriente, y que se consideran una "contraprestación" a las órdenes que dio a los funcionarios de contrar sólo con Trapur, que entre 2003 y 2005 tuvo un desfase de pagos no declarados de 108.441 euros.
Los autos inciden en que para esta tramitación se tuvo el "consentimiento" de Muguruza y en que medió "de manera determinante" José Miguel Rodríguez López, para la adjudicación a su "amigo y compañero", Pedro María Llamas -gerente de Trapur-, pese a que la firma carecía de medios personales y materiales y no había realizado la mejor oferta económica.
La hija de Llamas, militante del PP y miembro de la lista en las últimas municipales, adquirió el 50% de la empresa en el año 2007, en que también fue nombrada secretaría personal de Muguruza, cargo que aún ostenta.
Y en 2008 Elisa Dopico procedió a la renovación del contrato pese a que no se había cumplido "ni una sola mejora" de las comprometidas y se seguía careciendo de personal cualificado. En total, se estima que entre 2003 y 2008, Pedro María Llamas obtuvo unos beneficios de 463.21 euros.
Si (
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