Atribuyen al Estado la responsabilidad de garantizar la seguridad de los manifestantes en el país y enfatizan que éste no ha sido el primer caso de fallecimiento de jóvenes estudiantes que han salido a protestar por diversas razones.
Conminan al Ministerio Público a emprender las investigaciones a las que haya lugar para esclarecer los recientes fallecimientos de Yosinio Carrillo Torres, de 16 años y Marcos Rosales, de 28 años, estudiantes de la Universidad de Mérida, quienes murieron tras recibir impactos de bala efectuados por presuntos civiles armados.
Solicitan se lleve a cabo una instrucción de las fuerzas públicas del Estado para que sea pohibida la utilización de armas y sustancias tóxicas durante las manifestaciones.
De la misma manera, piden sea respetado el derecho a la manifestaciones públicas y a la libre expresión de los ciudadanos y que "se adopten medidas oportunas y adecuadas para impedir la acción de grupos civiles armados".
Si (
No(
