La Asamblea Nacional legislativa de Ecuador exhortó al fiscal general, Washington Pesántez, que renuncie para evitar una crisis en el sistema judicial, por el escándalo que involucra a su esposa con la muerte de una joven, atropellada hace pocas semanas en un confuso accidente.
Con el voto de 58 asambleístas, de 101 presentes en la sesión de hoy, el órgano parlamentario sugirió la dimisión de Pesántez y la destitución de otros agentes fiscales que, en un comunicado público, se solidarizaron con el máximo funcionario del Ministerio Público.
La Asamblea Nacional consideró que, "para evitar una mayor crisis en la función judicial", Pesántez "debe presentar su inmediata renuncia a las funciones de las que es titular", señaló el parlamento en su sitio de información en Internet.
Los legisladores también advirtieron de que supuestos "abusos del poder" por parte del fiscal general y otros agentes aparentemente "ponen en riesgo la confianza ciudadana y su credibilidad respecto del sistema de administración de justicia".
Pesántez se vio envuelto en un escándalo, resonado por los medios de comunicación, luego que su esposa, Aliz Borja, fue acusada de atropellar con su vehículo a una joven de origen colombiano, aunque la imputada ha negado que ella conducía el automóvil, como afirman varios testigos.
Tras el accidente, en el que falleció la joven, identificada como Natalia Emme Bedoya, varios fiscales suscribieron un remitido de prensa en el que acogían un informe que advertía de que un policía era quien conducía el vehículo y rechazaron las versiones de los testigos, entre ellos un colombiano y un cubano.
Para los asambleístas ecuatorianos el comunicado de los fiscales viola procedimientos procesales e incurre en el delito de prevaricación, además de advertir de que en el remitido de prensa se presentan insinuaciones supuestamente discriminatorias y xenófobas.
La resolución aprobada por la Asamblea se basó en unas propuestas de las legisladoras María Paula Romo (oficialista) y Cynthia Viteri (opositora), quienes señalaron que el comunicado público constituyó una especie de "pronunciamiento anticipado" sobre hechos que se investigaban.
Por ello, reiteraron que ese pronunciamiento anticipado viola las garantías y derechos de las personas involucradas, así como las "obligaciones de imparcialidad, eficiencia, lealtad" y otras de actuación procesal, impuestas por la Constitución a los funcionarios del Ministerio Público.
La resolución legislativa exigió también la destitución inmediata de los fiscales provinciales, directores, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado que suscribieron y autorizaron el remitido.
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