Según
Diego, el
"único afán" de
Revilla y los regionalistas ahora es
"retrasar lo justo" el proceso para conseguir
"seguir adelante con los 1.500 megavatios", aunque
"eso sí, que no se vea ni un sólo aerogenerador en abril de 2011", fecha de las elecciones regionales, porque saben que eso les
"cuesta el Gobierno". "Y en eso están totalmente de acuerdo" el presidente y la vicepresidenta, la socialista
Dolores Gorostiaga, aseguró.
En una entrevista a Radio Nacional de España en la que participó Europa Press, Diego señaló que los dos socios de Gobierno "están perfectamente de acuerdo" en que se pongan en Cantabria "1.400 megavatios por lo menos" y se "claven" "800 ó 850 aerogeneradores", porque es una decisión que "han tomado" en Consejo de Gobierno.
Sin embargo, a su juicio Revilla es "mucho más astuto políticamente que sus compañeros de viaje" y "ha visto" que los cántabros, de manera "muy generalizada", están "en contra" de esa decisión y, "una vez más, está haciendo lo que ha hecho en otras muchas ocasiones" respecto a asuntos gestionados por las consejerías del PSOE.
Pero el Gobierno "es uno" y su presidente es "el responsable máximo" de cualquier política que desarrolla el Ejecutivo, subrayó Diego, quien recalcó que Revilla "tiene que decirles a los cántabros con claridad si está de acuerdo o no" con el plan eólico, "cosa que todavía no ha hecho" o lo ha hecho "fuera de Cantabria", apostilló.
Añadió que el Gobierno quiere adjudicar los 1.500 megavatios y "corregir a posteriori" el plan energético regional para "adaptar" el mismo "a lo que ya habrán hecho", lo que supone en su opinión "un fraude de ley".
En este sentido, preguntó a Revilla y Gorostiaga si Cantabria "se puede permitir" en temas de esta trascendencia "abundar una vez más en la inseguridad jurídica", y si el Gobierno "no ha aprendido" de asuntos como las viviendas pendientes de derribo, el Ecoparque del Besaya o Vuelta Ostrera.
"Deberíamos sacar conclusiones y aplicarlas", dijo, y el PP
"les ha dado" la propuesta "
sensata" y "
racional" de que anulen y dejen sin efecto el concurso, adjudiquen otro por 300 megavatios y abran un debate
"político y social", con un estudio "
profundo" de dónde y cuántos aerogeneradores se pueden poner sin causar perjuicios al paisaje y con "
garantía" de no perjudicar a otros sectores productivos, concluyó.