Es desde todo punto de vista repudiable que el régimen correísta tenga el récord de cadenas televisivas del continente y quizás del planeta. Pero es todavía más deleznable que gran parte de ellas se dedique a arremeter contra sus adversarios políticos, comunicadores y ciudadanos, a veces en los peores términos y sobre la base de burdas manipulaciones.
Lo peor de todo es que se trata de productos comunicacionales que son financiados con los impuestos que pagamos todos, incluyendo las personas, instituciones y empresas objeto de escarnio. Y aún más aborrecible es el hecho de que quienes las mentalizan y producen lo hacen confiados en que el poder que detentan los vuelven intocables.
Se dice a menudo en esas cadenas oficiales, refiriéndose a los medios de comunicación, que todos estamos sometidos al imperio de la Ley, y ya va siendo hora que de que los agraviados comiencen a ejercer su derecho a la defensa de su honor, su dignidad y su honra.
La Ley, por fortuna, no reconoce privilegios que estén por encima de la igualdad que la Constitución garantiza para todos los ciudadanos.
Va pasando ya la hora de soportar insultos y vejaciones, que incluso han afectado a personas (hombres y mujeres decentes y de conducta intachable) que han dedicado su vida al logro del bien común.
También para ellos funciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Ecuador es coautor y firmante desde hace setenta años.
También ellos pueden acudir a la Fiscalía y a los jueces competentes. También de ellos es la Patria y todo lo que ella significa.