La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional legislativa inició el trámite sobre un eventual juicio político contra el ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, acusado por la oposición de incumplimiento de funciones y supuestas irregularidades en la compra de helicópteros a la India.
La Comisión dio un plazo de 15 días para que la defensa de Ponce presente las pruebas de descargo sobre las acusaciones efectuadas por el legislador Fausto Cobo, del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP).
También Cobo tiene dos semanas para sustentar sus denuncias contra el ministro, plazo después del cual la Comisión tendrá cinco días para resolver si da paso al pedido de interpelación o si archiva el proceso presentado.
La Comisión de Fiscalización, que podrá solicitar pruebas de oficio y una prórroga de cinco días, deberá presentar un informe a la Presidencia del Legislativo en el que sustente su decisión, informó la unidad de comunicación de la Asamblea en un comunicado.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea también calificó, el pasado 7 de septiembre, la petición presentada por Cobo, quien sospecha de acciones irregulares en la adquisición de los helicópteros indios tipo Dhruv.
El pasado 27 de octubre uno de los helicópteros indios comprados por Ecuador se estrelló en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, durante la celebración del aniversario número 89 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La adquisición de los helicópteros Dhruv forma parte de un plan del Gobierno de Quito para renovar su equipamiento militar, considerado obsoleto.
Además de los helicópteros, Ecuador ha negociado aviones militares, radares y otros equipos y materiales de Defensa, cuya incorporación es vista como fundamental por Quito en el objetivo de mejorar la defensa de la soberanía nacional.
El plan de renovación militar de Ecuador tomó impulso tras el bombardeo ejecutado el 1 de marzo de 2008 por el Ejército colombiano en el enclave ecuatoriano de Angostura, en la selva amazónica, donde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había instalado un campamento clandestino.
Esa operación militar colombiana, en la que fallecieron 26 personas, derivó dos días después en la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, debido a que Quito la consideró como una violación a su soberanía nacional.
Ambos Gobiernos intentan ahora recomponer la relación diplomática a través de un diálogo directo entre sus autoridades que, de momento, ha logrado que las partes designen a sus respectivos encargados de negocios y agregados militares.
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