Esa primera circunstancia sobre el abogado es realmente extraña. Primero porque llueve sobre mojado, ya que ese pirata,
Abdu Willy, fue el supuesto menor de edad que provocó casi una decena de pruebas para poder procesarle como adulto. El caso es que el letrado,
Javier Díaz Aparicio, que es ya el segundo que ha tenido, está envuelto en misterio. ¿Quién contrató sus servicios siendo un abogado de pago?
Ante las preguntas de los periodistas, Díez Aparicio evitó desvelar quién le pagaba, pero realizó algunas insinuaciones que ha dado pie a que se hable de que su sueldo haya podido ser financiado a través de los fondos reservados. Es decir, a través del Gobierno. La situación provocó una rauda respuesta del Ejecutivo, a través del ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, que negó que esté pagando al abogado.
Y, es más, aseguró que no tenía "la menor noticia" de que éste contaba con un nuevo letrado. "El Gobierno no tiene ninguna relación con ese abogado ni paga ningún abogado", remachó.
.jpg)
Las prisas por traerlos, las prisas por expulsarlos
Pero también ha sido polémico el hecho de que el Gobierno fuera quien movió los hilos y se contentó con el arresto y el traslado a España de los dos piratas somalíes detenidos.
Como revela el diario
El País, el Ejecutivo urgió a jueces y fiscales el envío a España de los piratas y es evidente, tras los últimos acontecimientos, que ahora su intención y su deseo es que la Justicia busque una solución para devolverlos al menos a Kenia, país vecino con el que hay acuerdos de extradición. Lo mismo asegura el diario
El Mundo, que titula la información así: “El Gobierno intenta expulsar a los piratas que pidió traer”.
- Vea también:
Si (
No(
