La huelga de hambre la inició el viernes pasado un grupo de doce huelguistas frente a la sede de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, en rechazo a que la Fiscalía acusara de delitos penales al estudiante Julio Rivas.
Rivas fue detenido dos días después de que una marcha contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez concluyera el pasado 22 de agosto con el derribo de una valla policial y una arremetida con piedras a un grupo de policías, en lo que fue involucrado por la Fiscalía.
A la huelga de hambre frente a la OEA se sumaron en las últimas horas otros estudiantes hasta completar ya una treintena, y se ha anunciado que en el transcurso de este lunes otro grupo hará lo mismo.
Paralelamente, otros 20 estudiantes repiten la medida en la ciudad de Valencia, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas.
En un documento que entregaron en la OEA el pasado viernes, los estudiantes pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una delegación al país para que constante lo que llaman "criminalización de la protesta".
En apoyo a los estudiantes también se declararon en huelga de hambre los comisarios de policía Iván Simonovis y Lázaro Forero, recientemente condenados a 30 años de prisión por algunas de las 20 muertes que dejaron unos incidentes en abril de 2002, previos al golpe de Estado que derrocó a Chávez durante dos días.
Estos también son llamados "presos políticos" por la oposición al Gobierno, que los tilda como tal por delitos comunes.
El Gobierno alega que las responsabilidades que conllevan las infracciones a la ley ordinaria no pueden evadirse alegando que se trata de persecuciones políticas.
Si (
No(
