A estas alturas del partido, nadie puede negar que la reforma política del gobierno de la revolución ciudadana, constituye un fracaso. Y es así porque los “juristas” del régimen -y el propio presidente- parecen tener serios problemas en el manejo de categorías conceptuales tan sencillas, que a un estudiante de derecho de primer curso resultaría sencillo explicar. Por eso nunca lograron entender la verdadera naturaleza jurídica del poder constituyente resumida en la exposición de Hatschek: “Quienes ejercen el poder constituyente no pueden ocuparse de funciones que corresponden a los poderes ordinarios (poderes constituidos). Solo pueden dar la Constitución".
¿Difícil de comprender?
Entonces, el colapso de la reforma política se origina precisamente en el hecho de haber confundido la naturaleza jurídico-política del poder constituyente, -es decir el poder para hacer los artículos de la Constitución-, con un poder de gobierno, que nombró autoridades, aceptó renuncias, e integró en abierta violación de la flamante Constitución, todos los nuevos órganos del Estado. Esto zanja además, la discusión respecto de los supuestos “plenos poderes” de la Asamblea de Montecristi y clarifica el hecho de que ésta, -únicamente- podía dictar la Carta Fundamental. Todo lo actuado fuera de esto, simplemente carece de validez jurídica. No existe.
De allí que, la trascripción inicial del pensamiento de Hatschek, resulte fundamental para comprender la verdadera índole del poder constituyente. Esta lo distancia definitivamente, de un poder de gobierno como el que equívocamente Correa le endilgó a “su” Asamblea para que se perennice a través de un apéndice denominado “congresillo”.
Así lo entendieron los constituyentes de Filadelfia en el año 1.787 y posteriormente, los revolucionarios franceses en el año 1.789. Pero claro, esto únicamente es posible cuando se maneja los conceptos jurídicos en forma apropiada.
Lo cierto es que la “revolución ciudadana” se encargó de convertir el texto constitucional en un panfleto publicitario de su anacrónico socialismo del siglo XXI, que en la realidad ha resultado impracticable: no hay un solo órgano del Estado que no se encuentre viciado por la inconstitucionalidad de su integración. ¿Es esta la gestión de un buen gobierno? ¿Quién va a resarcir al Ecuador por los cientos de millones que ha costado esta inaplicable reforma política de pacotilla? Tengan ustedes la seguridad de que no será el señor Correa.
Si (
No(
