Unos 2.000 jardineros de Madrid se manifestaron este martes en la plaza de Cibeles para exigir a las empresas concesionarias del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad la negociación de un nuevo convenio colectivo, sin actualizar desde 2001. También pidieron la intervención de la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, para solucionar el problema, según informó el secretario de Acción Sindical de UGT, Sergio Picayo.
Los sindicatos UGT, CC.OO., CGT y USO, "todos los que tienen representación en el sector", convocaron a los 4.000 jardineros que forman parte de las ocho empresas concesionarias de este servicio en la capital para que se concentran frente al Palacio de Telecomunicaciones. Aproximadamente la mitad acudió a un acto, que incluso llegó a cortar la calle de Alcalá en algunos momentos, según explicaron algunos testigos.
Los jardineros municipales también estaban llamados a efectuar un paro de cuatro horas, desde las 9.00 hasta las 13.00 horas), cuyo seguimiento ha sido de entre el 90 y 95 por ciento, según UGT, que criticó que para un servicio como éste y por un paro parcial el Ayuntamiento haya impuesto servicios mínimos. "Eso no ayuda a resolver el conflicto", opinó el dirigente sindical.
Desde 2001, las concesionarias de la jardinería madrileña no han actualizado ni revisado el convenio laboral con sus trabajadores, que ha sido meramente "renovado automáticamente". Ahora, los empleados quieren negociar un nuevo convenio, pero las compañías "se niegan siquiera a sentarse a hablar".
"No es un conflicto por pedir más o menos, ni es por diferencias en un punto u otro del convenio", reprochó Picayo. El dirigente sindical sostuvo que "las empresas no quieren siquiera sentarse a discutir las condiciones. Es inaceptable, no sucede en la mayoría de los sectores pero en éste sí y con el consentimiento del Ayuntamiento".
La respuesta del Ayuntamiento
El Consistorio mantiene que no tiene competencias ni relación en materia laboral con ellos, por lo que no es parte en la negociación más que para fijar los servicios mínimos en caso de huelga.
Sin embargo, los sindicatos lo ven de otra forma. "El Ayuntamiento tiene responsabilidad indirecta moral y política, porque contrata con dinero público a unas empresas que niegan a los trabajadores un derecho fundamental como la negociación de sus condiciones de trabajo", afirmó el sindicalista.
Además, indicó que hace unos días el Consistorio informó a las centrales sindicales de que "solicitaría una reunión con las empresas para interesarse por el tema" pero sin comprometerse a ningún otro tipo de gestión. Asimismo, los trabajadores han "citado dos veces a las concesionarias en el Instituto Laboral para que actúe de mediador, pero las dos veces han dicho que no". "Incluso cuando ofrecimos paralizar todo el calendario de movilizaciones si se sentaban a hablar", destacó Picayo.
Vista la situación, los sindicatos se reunirán "próximamente" para "valorar los paros, el seguimiento y la concentración, y para decidir qué medidas adoptar si persiste la situación". "Pero las empresas sólo nos están dejando como salida las movilizaciones y un nuevo calendario de paros", añadió el secretario de Acción Sindical de UGT, que se declaró "sorprendido" por "el poco interés y capacidad para resolver un conflicto elemental que debería tener una solución más fácil".