'¿Justicia televisada?'. Con esta pregunta ha arrancado la segunda sesión del las I Jornadas de Justicia y Periodismo Local. Los cuatro periodistas invitados a la primera mesa redonda de la mañana, moderada por el editor de Madridiario, Constantino Mediavilla, han coincidido en apoyar que las cámaras de televisión entren en los juzgados. Sin embargo han debatido sobre las consecuencias que acarrea la justicia televisada, como los "juicios paralelos" o la tentación de los jueces de convertirse en estrellas. Los ponentes también han coincidido en la importancia de la ética de los informadores y sobre la difícil relación entre la información objetiva y los intereses económicos y políticos de las empresas periodísticas.
El periodista Andrés Aberasturi ha lamentado que el 80 por ciento de los españoles se nutra de información exclusivamente a través de la televisión. En opinión de Aberasturi uno de los principales conflictos entre la justicia y el periodismo es la "difícil frontera entre el derecho a la información y los derechos individuales". "En nombre de la libertad de expresión los periodistas parecen tener el derecho a invadir la privacidad de las personas", ha señalado el periodista en un discurso ácido y muy crítico con la profesión.
Otro de los problemas apuntados ha sido desconocimiento de los informadores de la jerga y los conceptos jurídicos. Aberasturi ha criticado el abuso que los periodistas hacen de términos como "presunto" para eximir su responsabilidad sobre las acusaciones que, a continuación, se vierten sobre los acusados de un delito. Además ha reivindicado el derecho de todos los ciudadanos a tener y emitir "juicios paralelos", pero ha pedido "mayor responsabilidad y objetividad a la prensa". "La justicia es enormemente lenta y demasiado cercana a la política", ha concluido el periodista.
Por su parte, José Ribagorda, periodista de Telecinco, se ha mostrado "rotundamente" a favor de la justicia televisada. "Es fundamental que las cámaras estén en las salas de los juzgados porque los espectadores tienen perfecto derecho a estar informados", ha dicho Ribagorda. "En caso contrario lo que se obtiene son interpretaciones sesgadas de las partes interesadas".
Una afirmación sobre la que ha coincidido Alicia Fernández Satolaya, directora del programa Gente, de TVE, quien ha asegurado que los periodistas deben aplicar a su trabajo "el sentido común" para no trasgredir la fina raya de vulneración del derecho a la intimidad. La periodista ha explicado que en su programa se exige que haya una denuncia previa en el juzgado para que el caso sea valorado por los responsables y pueda ser objeto de información. Asimismo ha indicado que para una serie de personajes de la llamada prensa del corazón, la información televisada es analizada por gabinetes jurídicos contratados por ellos con el fin de plantear unas querellas que proporcionen ingresos extras. "A pesar de llevar en antena once años nunca hemos sido condenados y ello se sebe a que intentamos ser éticos"
También Víctor Arribas, conductor del informativo del mediodía de Telemadrid, ha apelado a la "ética periodística" y a la conciencia del informador para evitar los ataques a personas por cuestiones políticas. Arribas ha puesto como ejemplo los múltiples casos de corrupción urbanística que saltan a los medios de comunicación cuando hay a la vista unas elecciones locales, que ponen en entredicho la labor pública de los alcaldes o concejales implicados.
Otro de los temas abordados ha sido el de las consecuencias de televisar los juicios. Arribas ha criticado la tendencia de algunos jueces a convertirse en "estrellas mediáticas" y ha ejemplificado tal afirmación en la contundente actuación que está llevando a cabo en la vista oral del juicio por los atentados del 11 de marzo en Madrid, el juez Gómez Bermúdez. Los periodistas que componían la mesa redonda han coincidido en que si las cámaras de televisión no estuvieran en la sala la actitud del mencionado juez sería diferente. Asimismo, los ponentes han llamado la atención sobre la constante politización de la información sobre la justicia y han alertado de las presiones que las empresas periodísticas ejercen sobre los periodistas por intereses económicos y políticos.
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