Termina el proceso judicial del Severo Ochoa

Tras dos años de investigaciones y bronca política incluso a nivel nacional, la Audiencia determinó que los 15 médicos no era culpables de los "400 homicidios" por exceso de sedación de las que les acusaron dos denuncias anónimas en marzo de 2005. La Consejería de Sanidad, dirigida entonces por Manuel Lamela, presentó las denuncias para su investigación ante la Fiscalía de Madrid y aduciendo además que la tasa de mortalidad de las Urgencias del Severo Ochoa estaba entre las más altas de España. Ello a pesar de que su viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias, Arturo Canalda (hoy defensor del menor), le advirtió que estas denuncias eran "un caso que estaba cerrado" desde septiembre de 2003, cuando una investigación interna rechazó cualquier irregularidad o vinculación entre la sedación y el aumento de fallecimientos.

En ese momento -11 de marzo de 2005- el doctor Montes fue apartado de su puesto temporalmente a pesar de que los médicos y jefes de servicio de hospital negasen las supuestas irregularidades. Adujeron además que los pacientes terminales por enfermedad o accidentes eran sedados en Urgencias y no en las habitaciones o en la Unidad de Cuidados Paliativos porque éstas estaban saturadas, y esa era la causa de que aumentasen las muertes en el departamento. La dirección del hospital fue cesada con posterioridad.

Cuatro sedaciones contraindicadas
La Fiscalía de Madrid redujo el número de fallecimientos a investigar a 73 después de examinar los casos denunciados, que estaban documentados por la fuente anónima con datos muy precisos. Manuel Lamela dijo desconocer si el denunciante era del propio hospital. El Colegio de Médicos certificó después que sólo en 4 de los 73 casos la sedación estaba contraindicada. La propia Fiscalía aseguró después que la comisión de expertos nombrada por la Consejería de Sanidad para detallar qué casos debían investigarse adolecía de "falta de imparcialidad" y que sus de sus conclusiones "no aportan indicio alguno de mala praxis" ni de ellas se puede extraer una "actuación delictiva" de los médicos.

Después de la declaración de los implicados y con toda una tormenta política de por medio (PSOE e IU lo denunciaron como una "persecución política" contra Montes por ayudar a morir "dignamente" a los afectados y tanto Zapatero como el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ampararon al médico) el juzgado de Instrucción número 7 de Leganés archivó el caso en junio de 2007. Adujo para ello que se había "practicado mal la medicina" por sedar a los pacientes en Urgencias y no en paliativos o en su habitación, "pero no consta que las muertes sean consecuencia de ello", de las sedaciones. El 28 de enero de 2008, la Audiencia Provincial cerró el caso definitivamente instando a quitar toda referencia a las supuestas sedaciones irregulares de la sentencia, pero el proceso 'político' no llegó a su fin.

Ni dimisiones ni restituciones
Esperanza Aguirre aseguró tras conocer la sentencia definitiva que "no podemos sino alegrarnos que no haya habido mala praxis", lo que no significó que el doctor Montes y el resto de cesados en su día fuesen a ser restituidos. Juan José Güemes, consejero de Sanidad, explicó que Montes había sido retirado de la jefatura de Urgencias "por la pérdida de confianza en él" y no por el proceso abierto, y que el médico permanecía en el Severo Ochoa en su anterior puesto de anestesista. El propio Montes aseguró tras la sentencia que es "el tiempo de la reparación" tras la "campaña de acoso" al hospital -inaugurado en su día por el PSOE y con un gobierno municipal socialista- y los médicos.

PSOE, IU, sindicatos y médicos reclamaron la dimisión de Esperanza Aguirre y Manuel Lamela tras el sobreseimiento del caso. El ministro Bernat Soria y José Luis Rodríguez Zapatero exigieron disculpas para los afectados, cosa que no se produjo. Luis Montes advirtió que, tras su cese, los pacientes sufrían más en las Urgencias ya que los médicos tenían miedo a aplicar sedaciones por temor a ser señalados. Juan José Güemes negó tajantemente estas informaciones y destacó diez días después de la sentencia definitiva, el 8 de febrero, que las muertes en las Urgencias del Severo Ochoa se habían reducido "casi a la mitad" en 2007 "porque los pacientes terminales están siendo trasladados a la unidad de cuidados paliativos, que es donde tienen que ser tratados".

El 19 de febrero miles de personas se manifestaron en el centro de Madrid en apoyo a Luis Montes y a los médicos que fueron acusados y por la dimisión de Manuel Lamela. El ex consejero de Sanidad ocupaba entonces la Consejería de Transportes, pero abandonó este puesto en junio de 2008 después de la remodelación del Ejecutivo regional realizada por Esperanza Aguirre. Para la oposición, Lamela pagó la mala imagen que dio el Gobierno de Aguirre en la crisis del Severo Ochoa y la sentencia posterior, que negaba la responsabilidad penal de los médicos. Los cambios y la sentencia no parecen haber apaciguado las aguas en Leganés, ya que en octubre de 2008 CCOO denunció el "cese fulminante" de la jefa de equipo de Admisión de Urgencias coincidiendo con la presentación del libro 'El caso Leganés'.