El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados más de 50 enmiendas al texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en las que se recogen más de cien propuestas cuyo objetivo es
"conseguir un estatuto progresista, de futuro, y que signifique un avance en el Estado social y democrático de derecho, desde la realidad y la identidad propia de Castilla-La Mancha".
En un comunicado, Izquierda Unida, que registró sus enmiendas el pasado lunes, señaló que estas 50 enmiendas, en caso de prosperar, "vendrían a modificar y a mejora el texto de forma sustancial de cara a los derechos e intereses generales de los ciudadanos".
"La propuesta acordada por el PP y el PSOE, impidiendo la participación de Izquierda Unida en su elaboración, es poco en cuanto a los derechos civiles, libertades, derechos económicos y objetivos fundamentales de las políticas públicas y resulta conservador, de forma muy evidente, en lo que afecta a sus disposiciones generales, regulación y principios de las políticas económicas y la ausencia de reconocimiento de derechos civiles a colectivos importantes de nuestra sociedad", indicó IU.
Izquierda Unida, según su coordinador regional, Cayo Lara, ha aspirado siempre a que la reforma del Estatuto castellano-manchego "además de ser plenamente participada, se entronque en los sentimientos, las necesidades, las raíces, la identidad, el pensamiento libre y la razón del pueblo castellano-manchego".
"Por eso esperamos que el texto final debe ser primordialmente garantista, ambicioso en sus aspiraciones para la ciudadanía y conllevar más descentralización política y económica, más derechos civiles y libertades, más democracia participativa y representativa y más desarrollo económico y social, sostenido y sostenible y más autogobierno", añadió Cayo Lara.
El coordinador regional de IU resaltó que "existen artículos que han quedado anticuados e inhabilitados en su contenido por los recientes acontecimientos que se han producido en torno a la crisis que vivimos, como son la reafirmación del Estatuto en la economía de mercado pura y dura y la asunción del principio de estabilidad presupuestaría como norma esencial de las políticas públicas, conceptos ambos puestos en cuestión hoy en día".