Dos de los tres jueces que estudiaron el caso se mostraron partidarios de dicha premisa, parte integrante de la Ley de Comisiones Militares que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó el 17 de octubre de 2006 con el objeto de juzgar a terroristas y otros combatientes enemigos mediante comisiones militares.
La ley autoriza al Gobierno a mantener detenidos a extranjeros que hayan sido declarados "enemigos combatientes" de forma indefinida, autorizando a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a utilizar los métodos de interrogatorio agresivos pero no definidos. Asimismo, inhabilita a los tribunales civiles a recibir apelaciones sobre detenciones ilegales.
Tras esta decisión los cientos de casos pendientes de resolverse en tribunales ordinarios serán sobreseídos, al no prosperar las tesis de los demandantes que mantienen que la provisión es inconstitucional. El Departamento de Justicia ha logrado imponer su tesis de que los extranjeros declarados enemigos combatientes no están protegidos por la Constitución.
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