Durante su declaración ante el juez que instruye una querella contra él, Manuel A.F., funcionario de la consejería de Agricultura, acusado en este caso y acompañado por una abogada de la Junta de Comunidades, declaró durante dos horas, y a la salida del juzgado, su letrada dijo a los periodistas que "las actas que se levantaron en su día evidentemente son verdaderas, él recogió en ellas lo que vió", dijo.
Manuel A.F. asistió a declarar como consecuencia de una querella del agricultor Enrique Ayala, que estuvo implicado en el conocido como "fraude del lino", pero fue absuelto por la Audiencia Nacional.
El agricultor acusa al referido funcionario de falsedad documental y falso testimonio por haber facilitado, a su entender, unos datos falsos, con los que se inició este caso, en el que se solicitaron contra dicho agricultor dos años de prisión y 200.000 euros de multa.
Enrique Ayala Martínez fue uno de los acusados de este caso, por el que se dijo que cultivadores de este producto habrían cobrado las subvenciones de la Unión Europea sin llegar realmente a cultivar el producto y sin cumplir con todas las exigencias legales.
La abogada expresó a los medios de comunicación que "no es verdad lo que se dice en la querella contra él", en la que se piden seis años de prisión y 200.000 euros de indemnización, y añadió que "esta causa será archivada".
Sobre las dos sentencias que aportan los abogados del agricultor, en las que se probaría que tales actas no son verdaderas, la letrada dijo que "podían ser incompletas o inexactas, pero no falsas".
Por su parte, el abogado que representa al agricultor, Ricardo Ayala, dijo que solicitarán que el juez dé traslado de la causa al fiscal y que propondrán un careo entre los peritos que demostraron que los datos del funcionario no eran ciertos, y el propio acusado.
Añadió que la prueba de que dicho agricultor no cometió fraude, además de la absolución de la Audiencia Nacional, está en que la Junta le pagó las subvenciones que le correspondían por el cultivo del lino, aún cuando la causa ya estaba abierta. "Si pagaron esas subvenciones -dijo el letrado del agricultor- es porque probamos en su día que aquellas actas eran falsas", dijo.
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