Según recoge nuestro diario hermano 'Madridiario', en crónica de Fernando Rodríguez, la visita a Ecuador de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy cuestionada.
Ayuso inicia esta semana una visita oficial a Ecuador como parte de su estrategia para reforzar vínculos con países iberoamericanos. El viaje, organizado a petición de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, busca profundizar en la cooperación institucional y económica entre Madrid y Quito.
Sin embargo, la oposición madrileña arremetió contra la mandataria al coincidir su viaje con la declaración judicial de su pareja, Alberto González Amador, investigado por presuntos delitos de fraude.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, afirmó: "Ayuso huye de España para no dar la cara en la Asamblea el día que su novio declara por un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón".
Desde el PSOE, Óscar López ironizó sobre la "casualidad" del viaje: "Nueva comparecencia de la pareja de la señora Ayuso y nuevo viaje de la señora Ayuso para no comparecer en la Asamblea".
Incluso Vox, a través de su portavoz Isabel Pérez Moñino, reclamó que la presidenta "se someta al control parlamentario" en lugar de ausentarse.
Compromisos institucionales afectados
La estancia en Ecuador obligó a Ayuso a cancelar eventos de su agenda madrileña, incluyendo presidir el Consejo de Gobierno semanal y acudir a la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Esta no es la primera incursión internacional de la mandataria, que recientemente visitó Chile y Perú como parte de su estrategia de promoción de la marca Madrid.
Sin embargo, la coincidencia con el calendario judicial ha generado especial controversia.
La defensa de la política exterior
Fuentes de la Presidencia de la Comunidad defendieron los viajes como parte fundamental de la proyección internacional de Madrid. Subrayaron que estas visitas permiten establecer acuerdos comerciales y culturales beneficiosos para la región, siguiendo el modelo de relaciones preferentes con países de habla hispana.
La polémica surge en un contexto donde la oposición cuestiona sistemáticamente los desplazamientos internacionales del gobierno regional, especialmente cuando coinciden con eventos políticos sensibles en el ámbito doméstico.
Mientras tanto, el equipo de Ayuso insiste en la importancia de estas misiones para atraer inversiones y fortalecer la posición de Madrid como puente entre Europa y América Latina
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