Un grupo de responsables municipales de 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra Fuenlabrada, han expuesto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una iniciativa legislativa conjunta.
Esta última corresponde a la Proposición de Ley del Procedimiento Regulador para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en la región, registrada recientemente en el ámbito autonómico.
En la reunión participaron representantes como Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón; Raquel Jimeno, regidora de Ciempozuelos; Ángel Viveros, alcalde de Coslada; Mónica Sebastián, primera teniente de alcalde de Fuenlabrada; Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Jorge Carpa, primer edil de Mejorada del Campo; Mar Fernández, alcaldesa de Pinilla del Valle; Rafael Martínez, alcalde de San Martín de la Vega; y Rodrigo Morales, concejal de Velilla de San Antonio.
La propuesta presentada busca modificar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid con el objetivo de incorporar un mecanismo que permita a los municipios declararse como zonas de mercado residencial tensionado. De esta manera, se pretende facilitar el acceso a la vivienda para sus ciudadanos mediante medidas específicas adaptadas a las necesidades locales. Los municipios involucrados agrupan una población superior a los 500.000 habitantes, destacando su relevancia demográfica en la región.
Durante el encuentro, Isabel Rodríguez manifestó su "apoyo" a la iniciativa y expresó su confianza en que "la realidad termine imponiéndose a quienes ahora se oponen a estos avances". La ministra añadió que espera que dichas personas "se conviertan en los principales defensores de estas políticas cuando vean sus resultados". Esta propuesta abarca once municipios, representando a un total de 764.690 ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Fuenlabrada, Alcorcón y Getafe
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, en declaraciones previas, explicaba que la finalidad de esta iniciativa es "habilitar a los ayuntamientos para implementar actuaciones ya avaladas por el Gobierno de España, pero rechazadas hasta ahora por la Comunidad de Madrid". Según Ayala, este paso permitirá a los consistorios intervenir directamente en el mercado inmobiliario local, promoviendo así el acceso a la vivienda a través de herramientas como limitaciones al alquiler y control de rentas para grandes propietarios.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha denegado a los ayuntamientos solicitantes, incluidos Fuenlabrada, Alcorcón y Getafe, la posibilidad de acogerse a la normativa estatal que permite adoptar estas medidas. El argumento principal radica en la negativa de aplicar restricciones al aumento de precios del alquiler y otros instrumentos contemplados en dicha ley.
Conscientes de esta postura contraria, los diez ayuntamientos afectados han impulsado la creación de una comisión específica. En ella han debatido y coordinado acciones para reformar la legislación actual, proponiendo que la competencia para declarar una zona como tensionada pase a manos de los municipios en lugar de depender únicamente del gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión fue ratificada tras sendas deliberaciones en los plenos correspondientes de cada uno de los ayuntamientos implicados.
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