El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha recurrido al artículo 155 de la Constitución para pedir a los ministerios de Economía y Hacienda que den las "órdenes oportunas" para que la Generalitat aclare el coste del referéndum ilegal.
El magistrado requirió el pasado 30 de octubre a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando su titular Oriol Junqueras ya había sido destituido, que desglosara el coste del referéndum del 1-O. En una nueva providencia, del pasado 23 de noviembre, el juez remarca que la Generalitat indica que "el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto" para el referéndum.
En el oficio inicial, remitido ahora al Gobierno, el juez pide que se detallen los costes relativos al "traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados" para verificar los resultados del referéndum, así como los pagos al personal empleado para llevar a cabo la consulta. El juez quiere también saber cuánto costó el acto de inicio de campaña del referéndum que JxS y la CUP celebraron en la antigua plaza de toros de Tarragona.
Por otro lado, los diarios continúan publicando los detalles de la moleskine que la Guardia Civil requisó a Josep María Jové. EL MUNDO destaca en su primera que "los mossos utilizaron el 1-O móviles que no dejaban rastro", de tal manera que los mandos les pudieran comunicar sus instrucciones y no pudiesen ser grabadas. En páginas interiores, el diario señala que "Forcadell y Rovira acordaron cómo manipular el Parlament".
Por su parte, ABC destaca en portada que la agenda incautada demuestra que ya en 2016 "los golpistas temían el fracaso del 1-O y la ruina económica de Cataluña si seguían adelante". EL PERIÓDICO señala que Puigdemont admitió en 2016 que "precisaba al menos el 50% de los votos". Asimismo, el diario añade que "Junqueras y Rovira decían entonces que una consulta unilateral 'no tiene sentido'".
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